Opinión

No hay ganador en Misión de Chichimecas, hay empate

En la sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (TEEG-JPDC-50/2019) iniciado por Juan Baeza como delegado de Misión de Chichimecas, se invalidaron dos elecciones; la suya, de organización comunitaria, y la organizada por el Ayuntamiento de San Luis de la Paz.

Por Maricarmen Rivera*

San Luis de la Paz, 13 de julio de 2020.

El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resolvió que la elección de Ricardo Trejo López y Ma. Esthela Quevedo Mata, delegado y subdelegada, que realizó el Ayuntamiento en 2019 en la Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz, no tiene validez. Porque se realizó sin respeto al derecho de consulta previa, libre e informada que tienen las comunidades indígenas para conocer sobre todos los asuntos de gobierno que les afecten.

Pero tampoco tiene validez la elección comunitaria realizada por algunas personas de la comunidad en donde resultaban electos un nuevo delegado -Juan Baeza López- y subdelegado -Ricardo Trejo López-, porque no hubo participación de toda la comunidad ni se pudo probar que la elección hubiera sido hecha bajo un sistema de usos y costumbres ancestral aplicable.

Así que no hay victoria, sino empate.

Pero podría resultar un ganador. O muchos ganadores. La comunidad chichimeca-jonaz en su totalidad está frente a la posibilidad de que, gracias a la sentencia que dictó el Tribunal el pasado 17 de junio, se arregle por fin -para éste y otros casos-, una forma de consulta previa, libre e informada aplicable de ahora en adelante a los asuntos del gobierno municipal que afecten a la comunidad.

De acuerdo con la sentencia, habría todo un procedimiento para volver a hacer un proceso de elección que cumpla con la ley, con el reconocimiento del derecho de autoadscripción, que significa que, quien quiera participar para la nueva elección porque se sabe y se siente parte de la comunidad indígena, deberá manifestarlo para ser inscrito y la autoridad tendrá la responsabilidad de respetar ese derecho.

El problema ahora, son los tiempos. Justo en medio de la pandemia, el Tribunal ordenó que en 30 días se hiciera una nueva elección que cumpla todos los requisitos, incluidas mesas de trabajo previas para acordar las formas, los participantes, las autoridades que garantizarán el respeto al proceso, las fechas, entre otros elementos importantes. Y sin poder reunirse por ahora, parece muy difícil de cumplir a tiempo con la sentencia.

Otras acciones que ordenó el Tribunal fueron: el nombramiento de un delegado interino hasta que se realice nuevamente la elección y la realización de un estudio antropológico para conocer y entender los usos y costumbres de la comunidad indígena y poder cumplir la obligación de respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos.

El Ayuntamiento deberá, también, de acuerdo con las recientes reformas a la Constitución del Estado y a la Ley Orgánica Municipal, garantizar que haya representación de la comunidad al interior del gobierno.

Finalmente, también se dio la posibilidad a la comunidad de que la nueva elección la realicen ellos bajo un sistema normativo interno que establezcan, pero asegurándose de que todos participen y se cumplan todas las reglas y se respeten los derechos, sin olvidar dar iguales oportunidades a hombres y a mujeres para votar y ser votados.

Es por eso, una decisión trascendente. Por la oportunidad, para todos los involucrados, de ser claros y respetuosos de los derechos de cada uno. Parece que ahora, la historia nos pone nuevamente frente a la posibilidad de que no haya vencedores y vencidos, sino un renovado trato de paz, como el que dio precisamente origen a San Luis de la Paz.

*Maricarmen Rivera es licenciada en Derecho y maestrante de Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad de La Salle Bajío con estudios en derechos humanos y políticas públicas, derecho de lo contencioso administrativo, derecho electoral y gestión integral de riesgos. Es asesora en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura.

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