A finales de la semana pasada se dio a conocer que cerca de 500 funcionarios públicos y personas cercanas a ellos fueron vacunados contra el coronavirus en secreto, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra y su esposa, además de la excanciller Elizabeth Astete y la ex ministra de Salud, Pilar Mazzetti, quienes renunciaron a sus cargos tras explotar el escándalo.
Todo comenzó en septiembre del 2020, cuando Perú participó en uno de los ensayos de la compañía farmacéutica china Sinopharm, que envió cierta cantidad de dosis de su fármaco al país.
Sin embargo, el investigador jefe del ensayo clínico de la vacuna, Germán Málaga, realizó un encargo adicional en secreto de 3 mil 200 dosis, que fue utilizado para vacunar al expresidente y a los altos funcionarios peruanos, sus familiares y amigos.
La ex ministra de Salud llegó a declarar hace unos días que sería la última en vacunarse, a pesar de que ya estaba vacunada desde enero.
“Teóricamente me toca la otra semana, pero el capitán es el último que abandona el barco, ¿no es cierto?”, dijo entonces, sin saber que solo unos días después tendría que renunciar a su cargo.
Se estima que más de 460 personas se vacunaron en secreto y al margen del programa nacional de vacunación, sin importar que se saltaran la prioridad de los trabajadores de la salud que combaten en primera línea la pandemia.
Hoy, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins, Perú cuenta con un millón 244 mil 729 casos confirmados de coronavirus y 44 mil 056 defunciones, entre las que se cuentan por lo menos 310 médicos, además de que el sistema sanitario batalla día tras día contra el déficit de 110 toneladas diarias de oxígeno y con la falta de camas de cuidados intensivos para atender a los pacientes.
Por si fuera poco, apenas el siete de febrero Perú recibió su primer envío oficial de 300 mil vacunas de Sinopharm, luego de que la nación sudamericana batallara para cerrar acuerdos con otras farmacéuticas.
Por ahora, el Congreso peruano ha solicitado una investigación sobre el caso, y la Fiscalía ha comenzado su propia indagatoria por delitos como corrupción, concusión y aprovechamiento del cargo, con penas que podrían alcanzar hasta ocho años de cárcel.
Aunque el problema más grave, según analistas y expertos del país, es el mensaje que se envió de parte de la clase política privilegiada hacia el pueblo, que enfrentará elecciones presidenciales el próximo 11 de abril.
"Es un mensaje devastador", aseguran.
*JRP