León, Guanajuato. El Procurador Fiscal de de la Federación Carlos Romero Aranda, descartó terrorismo fiscal contras los empresarios, por las facturas provenientes de empresas fantasma, en 2020 se tipificara la facturación falsa como delincuencia organizada, Guanajuato se ubica en la media nacional por este delito que de manera anual se cuantifica en 500 mil millones de pesos.
El funcionario mencionó que no se trata de una persecución o cacería de brujas, que obedezcan a temas políticos, pues se trata de atribuciones especificas del fisco que no se habían aplicado, pero además de que los empresarios tendrán la oportunidad de demostrar la veracidad de sus operaciones.
No es terrorismo fiscal, estamos cumpliendo nuestras obligaciones como fisco que tenemos, los delitos fiscales antes no eran graves, sin prisión preventiva oficiosa, ahorita simplemente vamos a ir por factureros, este es el grupo especifico, esto no es hablar de terrorismo fiscal”, expuso.El Sistema de Administración Tributario (SAT), identificó un total de 9 mil empresas en todo el país que realizan esta practica, que será tipificada como delincuencia organizada para el próximo año, por lo que se irá por los grandes grupos relacionados a esto.
Si fuera el SAT directo el que trae a los contribuyentes por aprehensión, se prestaría a decir eso (temas políticos) pero aquí no pasa así, el SAT audita, lo manda a procuraduría fiscal, recibe expediente y determina si hay delito o no, si si presenta ante Fiscalía, se llama al contribuyente para pruebas.Sino se regulariza y hay delito se ejerce acción penal con un juez de control, el determina, participan un fiscaliza y el poder judicial, hay un equilibro institucional”, explicó. Será en los primeros 5 meses del 2020 cuando se emprendan acciones en contra de los identificados como generadores de este tipo de facturas, pues las investigaciones continuan su curso. El procurador definió que en estas etapas el contribuyente se puede amparar, los procedimientos realizados; hasta el momento se han desfogados cientos de ordenes de aprehensión que se tenían pendientes de años atrás. De manera promedio con ayuda de la Fiscalía de la República, cada tercer día se detiene a un contribuyente y cada uno de estos significa en promedio 11 millones de pesos.