El sonido del trascabo es cada vez más fuerte. Los golpes en contra las fachadas de las casas aledañas cimbran el domicilio ubicado en el cruce de Río Mayo y Centenario en el Barrio de San Miguel.
“Es la casa de mi papá la que quieren tumbar y yo lo único que quiero es que nos digan cuánto nos van a pagar, he tratado de llegar a un acuerdo con la licenciada Elvia Ramírez, ella siempre anda de prisa y no nos atiende como debe de ser y nos amedrenta”, relata Juana Almaguer Cortés, una de las vecinas afectadas que teme por la demolición de una parte de su casa.
Los cinco primeros metros de la propiedad familiar por nueve metros de frente, serían demolidos en cuestión de horas. La maquinaria trabaja en la vía pública y en su domicilio ya se realizaron las marcas para derrumbar parte de su patrimonio pese a no haber un acuerdo con el municipio.
“Yo no puedo permitir que tiren mi propiedad cuando no me han depositado nada. De hecho ya entraron a hacer ranuras sin pagarnos nada. Ya están por empezar las demoliciones”, reclama la vecina.
La calle Magueyal, como se le conocía a la traza que se pretende convertirse en bulevar, resguarda historias como las de José Vázquez Cervantes, quien se dice preocupado por no saber qué va pasar con su propiedad marcada con el 704.
“Aquí la inconformidad y la mala información por parte de quien se supone debe de negociar con nosotros, la señora Elvia Ramírez, nada más nos juntó y nos dijo que la calle se iba a convertir en bulevar y nos pidió los papeles, pero nunca nos dijo el precio que se nos iba a pagar por 30 metros cuadrados”, mencionó el vecino José Vázquez.
A decir de cinco particulares, el acuerdo por el pago de afectaciones no se ha consolidado debido a que la Dirección de Obra Pública no ha presentado un avalúo objetivo de las propiedades a ceder.
Y aunque la mayoría de los particulares ya llegó a un acuerdo que representa un pago de 70 a 100 mil pesos por las afectaciones, las cinco familias que denunciaron falta de información se asesoran jurídicamente para llegar a un acuerdo con el municipio.
“Las autoridades no han tenido la parte ética de poder hacer ese acercamiento con las personas, no les han dado la información adecuada, lo que ellos buscan es que les sustenten con base en un documento, el pago de esa afectación (...) Ellos no están en desacuerdo con esta obra, pero desafortunadamente las autoridades no han tenido la parte ética y moral para acercarse con ellos”, explicó Pablo Isaac Padilla Santos, asesor legal de las cinco familias inconformes.
La obra de la calle Río Mayo abarca del bulevar Hermanos Aldama hasta Venustiano Carranza.
Atrapada en el tiempo, esta terracería con un auto sesentero y en desuso, enmarca el conflicto por el pago de afectaciones de la vialidad del Barrio de San Miguel, que pesar del paso de los años se mantiene sin pavimento.
MEJZ*