El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) continúa sin acatar las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), señaló el ombudsperson Vicente Esqueda Méndez.
La resolución de la recomendación fue emitida el 29 de octubre del 2021, y una vez que en el SAPAL aceptaron las recomendaciones, tuvieron 15 naturales posteriores a la misma para aportar pruebas que acreditaran su cumplimiento, y aún no lo hacen.
“Se contemplan una serie de medidas que al día de hoy no han sido cumplidas por SAPAL, en conclusión, de lo que nosotros recomendamos en los puntos resolutivos, todavía al día de hoy SAPAL no ha cumplido”, apuntó.
De continuar con el incumplimiento, la Prodheg tiene la facultad de solicitar al Congreso del Estado se llame a los representantes del organismo operador del agua a comparecer ante las diputadas que integran la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.
Por lo pronto, el recién nombrado presidente del Consejo directivo del SAPAL, Antonio Morfín Villalpando, hizo pública su negativa a ofrecer disculpas públicas a los familiares de los trabajadores que perdieron la vida en la planta de tratamiento en noviembre de 2020.
Dicho acuerdo, firmado y aceptado, se dio entre los representantes del organismo y los familiares de las víctimas, ante el Centro de Justicia Alternativa.
Morfín Villalpado dijo que mientras no exista una resolución por parte de la Fiscalía General de Guanajuato, el consejo al que representa no emitiría la disculpa pública, incluso cuando la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato acreditó violaciones a los derechos de los trabajadores.
En total son tres las recomendaciones emitidas por la Procuraduría el 29 de octubre de 2021 al entonces presidente del Consejo Directivo del SAPAL, Jorge Ramírez Hernández. Y dos más están dirigidas a la Contraloría Municipal de León.
La primera de ella está dirigida a instruir la implementación de la reparación integral del daño a familiares por la violación de los derechos humanos laborales de los trabajadores
La segunda recomendación, dirigida a SAPAL, indicaba que debían girarse las instrucciones para que se otorgue atención médica, psicológica y/o psiquiátrica adecuada y gratuita a las víctimas, encaminada a restablecer su salud física y mental, en los términos expuestos en la resolución.
En el tercer punto, el organismo está obligado a remitir a la Prodheg las constancias y copia de la presente resolución al titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, para que, de conformidad con lo que aquí se ha señalado, se realice el ingreso en el Registro Estatal de Víctimas, con motivo de las violaciones a los derechos humanos determinadas en la presente resolución.
“Pero como han entregado documentos y no se acredita completamente este tema, por eso todavía estamos en este trámite o en esta etapa del cumplimiento” afirmó. Por ello, no es posible dar a conocer cuáles de las tres recomendaciones dirigidas al SAPAL han sido acreditadas en cumplimiento.
*Con información de Jorge Camarillo
MEJZ*