León, Guanajuato - El Colegio de Abogados de León no acreditó el gasto de forma desglosada por 2 millones 320 mil pesos que otorgó la Secretaría de Turismo (Sectur) de Guanajuato en 2019 para la realización del Segundo Congreso Internacional del Derecho.
Esto lo denunció José Roberto Saucedo Pimentel, de la Asociación de Abogados Independientes de Guanajuato, quien llegó hasta un amparo que se resolvió a su favor por un tribunal federal.
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“Si no hay nada que ocultar, simplemente entregas la información, es lo que nosotros tenemos como consideración, que sea todo transparente… tenemos dos años investigando para que llegue la Justicia Federal ante un tribunal colegiado y modifique la sentencia”, explicó en rueda de prensa.
La entrega del recurso ocurrió en la administración de la anterior secretaria de Turismo, María Teresa Matamoros, al entonces titular del colegio, Jorge Marcelino Trejo Ortíz.
El proceso comenzó luego de que se presentara una solicitud de acceso a la información para conocer cómo se gastó ese recurso, lo que derivó en una respuesta de una sola factura emitida por el Colegio, y entregada por el estado a Pimentel.
Ante ello, se llevó un recurso de revisión al Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) que resolvió entregar la documentación con la que el Gobierno del estado cuenta, pues el Colegio solo emitió una factura.
El congreso se realizó en el Poliforum de León y tuvo costo para los más de 5 mil asistentes a las diferentes conferencias.
La factura emitida no señala cuánto fue el cobro de renta del Poliforum, tampoco los souvenirs que se entregaron y muchos menos el pago para los ponentes que se presentaron.
“El Gobierno del estado, el Iacip y el Colegio están siendo omisos en la entrega y exigencia de esta información”, explicó Saucedo Pimentel, argumentando que la entrega de documentos que acrediten el gasto se señala en la cláusula 7 del convenio que se firmó para la entrega del recurso en el apartado de obligaciones.
La sentencia de amparo en revisión, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, el pasado 11 de julio, ordena al Poder Ejecutivo requerir al Colegio de Abogados de León, que acredite la aplicación de recursos públicos que le entregaron para la realización del Congreso de Derecho.
En el proceso, el Colegio de Abogados de León señaló diferentes recursos para retrasar la expedición o entrega de estos documentos al expresar vulneración de los derechos de la asociación
“La orden es: tú la debes de tener y la tienes que requerir al Colegio de Abogados de León y entregársela al solicitante, entonces estamos en esta etapa, ya no hay vuelta de hoja, el Colegio tiene que entregar la información y ahí veremos si se aplicó bien el gasto, esto ya es otro tema, pero ahorita lo relevante es la opacidad, eso no está bien porque es dinero de todos”, explicó Saucedo Pimentel.
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A la par, integrantes de la Asociación de Abogados Independientes de Guanajuato señalaron que el Colegio de Abogados de León dejó de ser activo y crítico en su actuar, pues de este salieron incluso funcionarios públicos para hacer valer la ley en el Poder Judicial, pero a partir de la entrega de este recurso ya no fue activo.
JRP