La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR), comenzó una investigación sobre Francisco Javier Cabeza de Vaca, actual gobernador del estado de Tamaulipas, que es acusado de enriquecimiento ilícito y de haber recibido financiamiento para su campaña de parte de organizaciones criminales.
De acuerdo con un reportaje del medio Animal Político, la SEIDO siguió a Cabeza de Vaca por 10 meses, además, y gracias a la cooperación de la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos), obtuvieron grabaciones de llamadas telefónicas en donde se especula que el gobernador se benefició económicamente del crimen organizado.
De hecho, una denuncia presentada por el político morenista, Alejandro Rojas Díaz-Durán, asegura que tanto el gobernador como algunos de sus colaboradores mantienen nexos con el con el Cártel del Golfo y Los Zetas.
A la par, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que sus investigaciones sobre las cuentas de Cabeza de Vaca no cuadran con los ingresos que ha recibido como servidor público, lo que habla de un posible enriquecimiento ilícito.
De hecho, explican que la declaración patrimonial de Cabeza de Vaca del 2016, cuando asumió como gobernador de Tamaulipas, revela la existencia de 12 propiedades localizadas en la Ciudad de México, en Reynosa, Tamaulipas, y en McAllen, Texas.
La denuncia indica que estas propiedades tendrían un valor estimado de 104 millones de pesos, mientras que el sueldo como servidor público de Cabeza de Vaca desde el año 2000 y hasta el 2016, sumaría apenas 13.2 millones de pesos; esto es 90.8 millones de pesos menos de lo necesario para la compra de las propiedades.
Además, la investigación apunta a que Cabeza de Vaca habría implementado una red de prestanombres entre sus familiares y conocidos más cercanos, todo para continuar con la adquisición de inmuebles.
Y por si fuera poco, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, habría implicado al gobernador en el esquema de sobornos del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y financiados por la empresa constructora brasileña Odebrecht, planeados para conseguir la aprobación de la reforma energética en 2013.
Hasta el momento, el gobernador no ha dado una postura oficial de los hechos que se le acusan.
*JRP