Este jueves, la Fiscal General de la República (FGR) dio a conocer que ha emprendido una investigación en contra de la política y activista Isabel Miranda de Wallace, a quien acusan de haber promovido la tortura y la falsificación de pruebas para inculpar a seis personas por el secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace en 2005.
La denuncia fue promovida por las seis personas que se encuentran en la cárcel luego de haber sido señalados por Miranda de Wallace como los secuestradores y asesinos de su hijo, y quienes son representados por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial.
Ellos alegan que fueron arrestados sin bases sólidas, que fueron torturados para obligarlos a confesar y que las pruebas que se presentaron en su contra fueron fabricadas.
Las presuntas víctimas son Brenda Quevedo Cruz, Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobin, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz y César Freyre Morales.
Esta denuncia se basa en las irregularidades que hubo en el proceso penal en su contra, donde destacan las contradicciones de los dos cateos realizados por la PGR en el departamento donde supuestamente habría ocurrido el delito.
En el primero de ellos, ocurrido en julio del 2005, las autoridades determinaron que no habían recabado pistas ni prueba alguna de la comisión de algún delito. "De conformidad con la finalidad del cateo, éste fue con resultados negativos”, señala el acta oficial.
Por su parte, el segundo cateo fue realizado en febrero del 2006, es decir, siete meses después del primero, y en este se habría encontrado la licencia de manejo de Hugo Alberto Wallace, por lo que realizaron más investigaciones y encontraron rastros de sangre, misma que se dijo que tenía un perfil genético con relación de parentesco por maternidad con Isabel Miranda de Wallace y de paternidad con José Enrique del Socorro Wallace Díaz.
Con esto, sumado a las confesiones presuntamente obtenidas bajo tortura, de cinco de los seis imputados, se determinó que en el departamento se había secuestrado y asesinado a Hugo Alberto.
Sin embargo, cabe destacar que en el inter entre los dos cateos, un empleado subordinado de Miranda de Wallace, Rodrigo de Alba Martínez, arrendó el departamento, además de que en 2010, el señor Carlos León Miranda apareció públicamente para señalar que era el padre biológico de Hugo Alberto Wallce Miranda.
Un análisis de sangre posterior determinó que León Miranda sí era el padre biológico de Hugo Alberto, por lo que el anterior peritaje fue falsificado, lo que motivó el inicio de la investigación contra Miranda de Wallace por fabricación de pruebas.
Por su parte, Miranda de Wallace asegura que es inocente, y que todo se trata de un ataque orquestado por el titular de la Defensoría Pública Federal, Netzaí Sandoval Ballesteros, luego de que esta denunciara irregularidades en su gestión.
*JRP