Ciudad de México - Garantizar entornos de trabajo seguros e igualitarios ya no es solo un deber moral en México. A partir de este 2026, prevenir la violencia de género es una obligación patronal.
El incumplimiento de la medida acarreará severas consecuencias financieras según lo estipula la Ley Federal del Trabajo (LFT).
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Desde el pasado 16 de enero de 2026, entró en vigor el decreto que reforma 17 ordenamientos en materia de igualdad sustantiva.
Esta normativa exige que los centros de trabajo capaciten obligatoriamente a todo su personal para erradicar conductas de riesgo contra las mujeres.Estas reformas consolidan una responsabilidad compartida que obliga a las empresas a actualizar sus políticas internas.
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El enfoque principal es la prevención y la creación de espacios laborales libres de discriminación.
A pesar de que el artículo 16 de la LFT menciona una corresponsabilidad entre empleados y empleadores, la carga principal recae en el patrón. Las organizaciones deben ajustar sus reglamentos y códigos de conducta para incorporar principios de igualdad de forma expresa. Un punto crítico es que, a meses de su implementación, aún existen "áreas grises" sobre cómo medir la efectividad de las capacitaciones.
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La creación de una Comisión Mixta puede ser la estrategia definitiva para asegurar el cumplimiento normativo y evitar visitas de inspección sorpresivas.
No obstante, los expertos advierten que las medidas esporádicas o no documentadas serán consideradas "insuficientes" por las autoridades.
En términos económicos, el artículo 994 de la LFT estipula sanciones para quienes toleren el hostigamiento o acoso. Los patrones podrán ser acreedores a una "multa que oscila entre los 29,327 y los 586,550 pesos", dependiendo de la gravedad y el número de afectadas.La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene la facultad de duplicar estas multas en caso de reincidencia.
Además, el costo reputacional y legal puede escalar rápidamente si se detecta que un solo acto u omisión afectó a varias trabajadoras simultáneamente.Para evitar estas sanciones, los especialistas sugieren implementar protocolos de atención y canales de denuncia confiables a la brevedad.
Finalmente, se recomienda establecer una capacitación periódica y estructurada que deje constancia clara de la participación del personal. MEJZ*