Ciudad de México - La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el fin de cursos al 5 de junio ha desatado una ola de indignación nacional que ha ocasionado que algunas organizaciones amaguen con tramitar un amparo contra la medida.
Organizaciones civiles, padres de familia y sindicatos docentes consideran que el argumento del Mundial 2026 y las altas temperaturas es una "improvisación" que atenta contra el aprendizaje.
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Israel Sánchez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), anunció que recurrirán a la justicia para frenar el recorte.
Vamos a tomar cartas en el asunto, no es posible que para el diálogo no se presten (las autoridades)... Algunos padres de familia se ampararán contra la medida solicitando en algunas escuelas a nivel legal que no se cancelen las clases", sentenció.
Rechazo total al nuevo calendario escolar
Incluso el magisterio se ha pronunciado en contra. La CNTE en Michoacán y Oaxaca calificó el anuncio como una sorpresa que impide concluir los contenidos académicos.
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"Les interesa más el Mundial de futbol que la educación de niñas y niños", acusó la dirigencia sindical, confirmando que ellos mantendrán el calendario original para no perjudicar a sus alumnos.
Denuncian impacto de género por decisión de la SEG
La Coalición por el Derecho al Cuidado Digno también pidió a la SEP reconsiderar la medida bajo una perspectiva de género.
Alertaron que el cierre anticipado recae desproporcionadamente en las mujeres.
Por un par de partidos de futbol, resulta que millones de infancias y sus familias tendrán que resolver como puedan una decisión tomada sin considerar sus efectos cotidianos”, señalaron.
Escuelas privadas seguirán con clases
Finalmente, la ANFE-ANEP informó que los colegios particulares tienen la facultad legal de continuar actividades conforme al contrato originalmente pactado con los padres, independientemente del calendario escolar oficial, siempre y cuando se cumplan los plazos administrativos de registro de calificaciones.
Expertos como Hugo Casanova concluyeron que esta decisión es una muestra de cómo el Estado declina de su responsabilidad educativa por intereses políticos o de entretenimiento.
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