De aprobarse la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato en materia de extorsión, los guanajuatenses contarían con una ley más estricta para castigar este ilícito, informó la diputada panista, Cristina Márquez Alcalá.
Este delito que actualmente tiene una pena de entre uno y 10 años de prisión, alcanzaría hasta 22.5 años de cárcel para quien lo cometa con alguna de las nueve agravantes propuestas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN).
Guanajuato junto con Yucatán, Oaxaca y Veracruz, mantiene penas más bajas en la comisión de este delito, por lo que resulta necesario replantear otro modelo de tipo penal que dé más certeza y proteja la seguridad de los guanajuatenses.
El delito de extorsión se ha recrudecido en los últimos 18 meses y cada vez se aplica mayor violencia al cometerlo, de tal forma que resulta necesario poner más candados y herramientas legales, que permitan a las autoridades de seguridad actuar ante este delito.
Las penas pudieran ir desde 4 hasta 15 años de prisión y alcanzar castigos de hasta 22.5 años de presentar cualquier de las nueve agravantes propuestas en la iniciativa de reforma a la ley.
Pudiera elevarse la pena si el delito de extorsión es cometido por dos o más individuos; si dentro del acto el agresor opera con un arma de fuego; si el o los agresores se ostentan como integrantes de un grupo criminal, o bien, si el delito es cometido por un servidor público.
Asimismo, se considerará una agravante si la víctima es menor de 18 años, si los extorsionadores se hacen pasar por elementos de seguridad y si el delito es cometido desde un Centro de Readaptación Social (Cereso).
Actualmente la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato está en proceso de análisis, por lo que se espera en próximos días recibir retroalimentación y comentarios del primer planteamiento expuesto por la presidenta de la Comisión de Justicia, para que pueda subir a la Comisión de Justicia y posteriormente votarse en el Pleno del Congreso de Estado.
“Es necesario que esta propuesta sea respaldada, dada la necesidad imperante que tiene la sociedad guanajuatense de contar con un instrumento que permita a las autoridades establecer políticas de prevención, además de investigar y sancionar a quienes están cometiendo este delito tan grave”, expresó.
Este hecho delictuoso se ha presentado con mayor frecuencia en los municipios del sur de estado como Celaya, Salamanca, Apaseo El Alto, Apaseo El Grande, Jerécuaro, Juventino Rosas, Villagrán, Cortazar, entre otros.
Cristina Márquez detalló que si bien hay identificadas zonas de mayor incidencia de extorsiones, los habitantes de los 46 municipios del estado están expuestos a ser víctimas de este delito.
La propuesta de reforma al Código Penal para castigar la comisión del delito de extorsión no busca solo incrementar las penas, sino proteger el bien jurídico de los guanajuatenses, desde la vida hasta el patrimonio.
“La modificación a la ley busca además cumplir con una función inhibitoria” que permita incidir en una reducción en la incidencia delictiva y la inseguridad que se vive en Guanajuato.
MEJZ*