El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Movilidad con la que se establece la figura de Transporte Privado de Pasajeros para convertirlo en un modelo de libre mercado, a través de una plataforma tecnológica propiedad del gobierno del estado.
Con este cambio en la legislación, los prestadores de este tipo de servicio ya no tendrán que tramitar un permiso. En su lugar, habrán de sumarse a un registro estatal ante la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno.
De acuerdo con el dictamen presentado ante el pleno del Congreso local, anteriormente se les otorgaba un permiso con el fin de regular el número de propietarios de vehículos adheridos a las plataformas comerciales que operan en el estado.Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, resolvió un recurso de amparo y definieron que la regulación debe limitarse a cuestiones de seguridad del usuario y los choferes, la interacción con el servicio de taxi, entre otros.
Al subir al pleno, Bricio Balderas Álvarez, diputado de la fracción del PAN, destacó que la iniciativa constituye un esfuerzo para cuidar a todos los actores del transporte, privilegiando la seguridad de los usuarios, al colocarlos como eje de la actividad legislativa.
En ese sentido, resaltó que entre los conceptos que se agregan al glosario de la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato está la obligatoriedad de presentar una constancia de conducción segura emitida por los centros autorizados por la unidad administrativa de transporte para el conductor.
“Los vehículos acreditarán, si y solo si, la adhesión a la plataforma tecnológica, para prestar esta modalidad de servicio. Por seguridad del usuario y del conductor, deberán presentar una constancia de capacitación y seguro de cobertura amplia, entre otros requisitos”, comentó.
También se agrega en la legislación que el registro de vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte privado, lo pueda realizar cualquier persona a quien el propietario entregue carta poder, debiendo presentar la solicitud también firmada por este último.
Además, fue aprobada la propuesta de Alejandro Arias Ávila, diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, para que sea causal de cancelación el hecho de que los conductores estén ligados a delitos o faltas administrativas.
“El propietario o conductor que utilice el vehículo registrado en hechos que violenten el orden público o estén tipificados como delitos de carácter intencional”. Su propuesta fue aprobada.
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