Integrantes del PAN reclaman al gobierno de la 4T el daño que están causando a los niños y jóvenes estudiantes de Guanajuato, ya que el gobierno federal ha castigado al estado al quitarle 3 mil 800 millones de pesos para la educación.
El presidente del Comité Municipal del PAN, Antonio Guerrero Horta, advirtió que la falta de recurso va a perjudicar al sistema de educación pública estatal.
“Sabemos que ahorita estamos pasando por una crisis económica, que la 4T no ha logrado enderezar el barco ya que desde que empezaron lo han estado hundiendo con las malas políticas públicas que han realizado”, lamentó.
El líder blanquiazul se cuestionó qué sigue, ahora contra quién van a que más le van a restar presupuesto, Guerrero Horta hizo un llamado a los legisladores de Morena para que dimensionen el daño que le están haciendo al país.
El dirigente municipal del pan Guerrero Horta acusó que no se sabe el destino de este recurso de 3 mil 800 millones de pesos, por otro lado el gobierno del presidente López Obrador tiene obras “faraónicas”, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.
“Ahí es donde se está yendo el recurso del país y están dañando a los estados y están dañando todos los municipios del país por igual”, fustigó.
El panista dijo que esto ya es preocupante debido a que un país sin educación no tiene rumbo.
La diputada local, Cristina Márquez, dijo que aparte de los 3 mil 800 millones de pesos que no va a recibir Guanajuato para la educación, están desaparecidos 250 mil millones de los fideicomisos que el mismo presidente extinguió.
Lamentó que el Tren Maya ahora ya cuesta más aunado al ecocidio que se está provocando en Yucatán.
“La Auditoría Superior dijo que no se va a lograr el proyecto del Tren Maya en el tiempo que se señaló, y eso cuesta que no va a haber desarrollo, cuesta que no va haber empleo”, reclamó.
Aunado a esto hay 11 mil millones de pesos los cuales corresponden a la Segalmex y para Liconsa, sobre el tema dijo que están en el informe de las observaciones de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior, que de no solventarse, se espera que la Fiscalía General de la República investigue.
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