Como una forma de garantizar el bienestar de los niños y adolescentes inclusive en el mundo digital, la diputada por el PAN, Katya Soto, presentó una iniciativa de reforma con la que busca combatir la violencia infantil en internet.
La legisladora explicó que su propuesta de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato implica que tanto las autoridades como los tutores de los pequeños deberán tomar acciones para detectar y atender aquellos casos en que se agreda la dignidad,
intimidad, libertad y vida privada de los niños a través de la web.“No queda duda, lo virtual forma parte de la vida de las nuevas generaciones. Es parte de su mundo, y debemos prevenir y atender la violencia en este el ámbito, con la misma claridad y prioridad que lo hacemos en el mundo real, porque es real e igualmente reales son sus consecuencias”, finalizó.
De acuerdo con cifras de el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el 26.9% de los niños de entre 6 y 11 años utilizan un teléfono móvil inteligente, y 73% en el caso de quienes tienen entre 12 y 17 años. En cuanto al uso de internet, el porcentaje se eleva a 57.1% en los niños de entre 6 y 11 años, y a un 88.3% en el caso de quienes tienen entre 12 y 17 años.
Esto provoca que se incrementen los casos de violencia cometida a través de internet, la cual intensifica, por ejemplo, el alcance del acoso escolar, llevándolo fuera de las aulas, lo que vuelve a estas agresiones incluso más peligrosas, dañinas y reprobables.
“Ante esta realidad no podemos simplemente aislar a los niños y jóvenes. No se trata de apagar la computadora o de prohibirles que usen el celular, sino de generar las condiciones y las estrategias que nos permitan responder a cada caso de violencia digital con una estrategia bien diseñada, que priorice la prevención, que apueste por la educación y que, sobre todo, proteja a las víctimas, rompiendo con el ciclo de agresiones que de otra forma terminaría consumiendo a la sociedad”, finalizó.
Ahora, la iniciativa será analizada por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, misma que decidirá su viabilidad y posterior promulgación.
*JRP