Un amparo, interpuesto por la organización Amicus, obliga a al Congreso del Estado de Guanajuato a destinar una partida presupuestal para acciones en favor de la comunidad LGBTIQ+.
El recurso legal fue interpuesto en febrero de 2022 para que, en la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Guanajuato, se contemple la asignación de recursos para impulsar proyectos que contribuyan a promover, restituir y garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual.
Ante esto, el Congreso del Estado presentó un recurso de revisión para que el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, fuera llamado a juicio, al considerar que el ejecutivo estatal también tuvo que ser parte.
Posteriormente el Tribunal Colegiado ordenó que se regresara el expediente al Juzgado de Distrito. Fue este miércoles cuando fue emitida la resolución en este sentido:
"Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 156/2022, promovido por Ernesto Barajas Páez, Angie Elizabeth Rodríguez Martínez, Alan Daniel Alcántar Velázquez y Leonardo Daniel Vela Soria, contra los actos que reclamó del Congreso del Estado de Guanajuato.
"Tienen razón los quejosos al argumentar, que el Congreso del Estado de Guanajuato, no incluyó en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022, una partida presupuestal destinada a impulsar procesos y proyectos que contribuyan a promover, restituir y garantizar los derechos de las personas LGTBIQ (lesbianas, gays, transgénero/transexuales, no binarios, bisexuales, intersexuales y queer)”.
Llaman al diálogo
La mañana de este miércoles, integrantes de la asociación civil acudieron al Congreso del Estado de Guanajuato en donde hicieron un llamado al diálogo con los representantes del poder legislativo y ejecutivo de la entidad para diseñar el presupuesto de manera conjunta.
“Esta debería ser una oportunidad del Congreso para generar en general política y normativa que tengan que ver con los grupos prioritarios no, y que además que pudiera ser además una oportunidad para dejar en firme una sentencia que crea un antecedente no solamente nacional, hay que escuchar esto bien, esta sentencia de quedar en firme sería un antecedente continental de que los grupos de población tenemos la posibilidad de ejercer control presupuestario”, dijo Juan Pablo Delgado, presidente de Amicus.
Sobre la posibilidad de que, las autoridades señaladas, interpongan otro recurso en contra del amparo promovido, el activista refirió que se tiene contemplado recurrir a organismos internacionales.
MEJZ*