Guanajuato, Guanajuato - “Los derechos de las personas no pueden dilatarse”, destacó el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Guanajuato, David Martínez Mendizábal, al presentar el exhorto para formalizar un convenio entre el gobierno estatal y el gobierno federal que garantice la universalidad de la pensión para personas con discapacidad permanente.
Esta iniciativa fue presentada por la diputada morenista Maribel Aguilar González, quien urgió en avanzar hacia la cobertura universal de este derecho constitucional.
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La legisladora enfatizó que las personas con discapacidad enfrentan altos costos derivados de su condición, que incrementan el riesgo de desigualdad social.
Puntualizó que en Guanajuato el ingreso promedio trimestral de una persona con discapacidad es 37.8 % menor que el de una persona sin discapacidad, una brecha que agrava la exclusión económica y social.
Aguilar recordó que desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se estableció constitucionalmente el derecho a una pensión no contributiva para este sector, y que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado continuidad a este esfuerzo mediante un decreto publicado el 2 de diciembre de 2024.
Actualmente, dijo, 54 mil 105 personas con discapacidad en Guanajuato reciben una pensión de $3 mil 100 pesos bimestrales, mientras que 112 mil 834 personas aún carecen de acceso a este apoyo.
Aguilar González señaló que garantizar este derecho requiere una inversión anual de poco más de 2 mil millones de pesos, una cifra que representa menos de la mitad de lo destinado al programa 'MujerEs Grandez' en 2024, denunciado por su uso electoral.
Es momento de cumplir con este mandato constitucional y construir un régimen de bienestar inclusivo”.
Gobierno estatal tiene la obligación de garantizar sus derechos
El diputado Ernesto Millán Soberanes subrayó la obligación del poder público de garantizar los derechos de los discapacitados.
Criticó que el anterior gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, firmara un convenio con el Gobierno federal para universalizar la pensión sin cumplirlo, dejando a más de 100 mil personas sin este apoyo.
Millán enfatizó que cubrir este derecho no depende de recursos, sino de voluntad política.
Hay que ser congruentes con el decir y el hacer. Mil 50 pesos pueden marcar la diferencia entre comer o no comer, entre comprar un medicamento o no”.
Ernesto Millán Soberanes / Diputado de Morena
En su participación, la diputada Míriam Reyes Carmona resaltó que la inclusión de las personas con discapacidad es una responsabilidad social que beneficia no solo a este grupo, sino a toda la sociedad.
“Una sociedad inclusiva es aquella que valora la diversidad y reconoce las habilidades únicas de cada persona”, afirmó.
Reyes Carmona insistió que la exclusión de las personas con discapacidad del mercado laboral tiene un impacto económico significativo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo.
Enfatizó que garantizar la universalidad de la pensión no solo cumple con un mandato constitucional, sino que promueve una sociedad más equitativa.
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Pese a la visión en favor del pueblo de Guanajuato por parte de las y los diputados de Morena en el Congreso del Estado, el exhorto fue rechazado en el pleno con 19 votos en contra por parte de los legisladores del PAN, PRI y PRD, y se turnó a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su análisis.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, expresó su descontento ante esta decisión y la calificó como un retroceso para los derechos humanos en el estado: “Es lamentable que algunos legisladores prioricen visiones retrógradas y restrictivas sobre los derechos universales. Estamos hablando de un derecho constitucionalmente reconocido y de una deuda histórica con las personas con discapacidad en Guanajuato”, concluyó.
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MEJZ*