Guanajuato, Guanajuato - La creación de la defensoría pública electoral especializada en la atención de asuntos de violencia política en razón de género, es la propuesta que presentó el grupo parlamentario del PRI para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
Ruth Noemí Tiscareño Agoitia fue la diputada encargada de presentar esta propuesta, y en su explicación dijo que legislar y crear instituciones que permitan el combate y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, es asumir las obligaciones que como Poder legislativo les corresponde, lo que fomenta, señaló, la búsqueda de un Estado mexicano más justo e igualitario para las mujeres.
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La priista se refirió al concepto de violencia política, y detalló que comprendía todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género) y tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
Abundó que ese tipo de violencia se manifiesta de muchas formas, y que los ataques tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección por ser mujer.
La violencia política contra las mujeres en razón de género, es una situación que se actualiza en cualquier espacio y momento, resultando indispensable que las mujeres contemos con instituciones fuertes que permitan combatirla y erradicarla”.
Ruth Noemí Tiscareño / Diputada del PRI
Buscan que sea un órgano autónomo
La diputada local apuntó que la defensoría especializada planteada se adscribiría con independencia y recursos propios en el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, y que su actividad principal es ofrecer una representación jurídica, asesoría y orientación a las mujeres que lo soliciten.
Abundó que esa defensoría constituiría una protección jurídica especializada para todas las mujeres violentadas en razón de su género o que padecen alguna afectación por la violación al principio de paridad, para que estén en aptitud de acceder, en condiciones de igualdad a la jurisdicción electoral completa y efectiva para la defensa y protección de sus derechos político-electorales.
Destacó que tener esa defensoría abonará para que aumente el número de mujeres que denuncien actos relacionados con esos aspectos.
La Comisión de Asuntos Electorales estudiará y dictaminará la propuesta.
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