Salamanca— Al menos 22 personas continúan desaparecidas tras la masacre ocurrida en el anexo de Salamanca el pasado 1 de octubre, aseguró Nicolás Pérez Ponce, presidente de la Red Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB).
“Hasta el momento no han aparecido más de 22 cuerpos", indicó Pérez, subrayando la magnitud de la tragedia. "Eran como 50, y no sabemos dónde están. Todavía hay familias que preguntan por los cuerpos, ya que, aunque no han encontrado sus restos, están considerados como desaparecidos", dijo Nicolás Pérez.
Días antes del ataque, la CRUB ya había expresado su preocupación por el aumento de la violencia en la región.
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“Nos reunimos con César Prieto, el alcalde de Salamanca, y le dijimos que queríamos implementar medidas preventivas para evitar que la situación se saliera de control", explicó Pérez Ponce, refiriéndose a los esfuerzos que intentaron poner en marcha.
Pérez subrayó que no había indicios previos de una conexión entre el centro afectado y actividades del crimen organizado, algo que verifican constantemente para evitar irregularidades. "Contamos con delegados en los diferentes municipios, quienes realizan funciones similares a las de la Secretaría de Salud. Hablamos con la gente, revisamos cómo son tratados, si han sido golpeados. No encontramos nada fuera de lo normal", afirmó.
Pérez hizo hincapié en que las inspecciones rutinarias nunca alertaron sobre un posible riesgo de ataque en el centro de rehabilitación. "Teníamos una desconfianza, sentíamos que algo podía pasar, pero jamás imaginamos que sucedería con alguien de nuestra propia gente", agregó con frustración.
Además, advirtió que si no se toman medidas rápidas y efectivas, la situación podría empeorar aún más. “Ya se lo habíamos dicho al Estado, necesitamos que nos escuchen y dialoguen con nosotros, porque esto va a empeorar", advirtió, señalando que esta tragedia podría ser solo el comienzo si no se implementan acciones concretas para enfrentar la violencia en Guanajuato.
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Mientras tanto, la búsqueda de los desaparecidos continúa, y las familias siguen esperando respuestas de las autoridades. En Guanajuato hay más de 600 anexos, y no existe un conteo confiable de estos centros. Los ataques a estos lugares ascienden a 30 en la última administración y la actual.
Masacre en anexo de Salamanca: Guerra entre cárteles desangra Guanajuato
El 1 de octubre, en la colonia El Rosario, en Salamanca, un grupo armado irrumpió en un centro de rehabilitación. Según el periodista Héctor de Mauleón, en su columna del lunes, los atacantes buscaban a una persona relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Eran las 9 de la noche cuando los agresores irrumpieron en el anexo, donde había 36 internos. Los criminales desataron una lluvia de disparos, asesinando a cinco personas, hiriendo a cuatro y secuestrando a dos mujeres: la dueña y la encargada del anexo.
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Muchos de los internos lograron huir en medio del caos, mientras los atacantes escapaban en un vehículo rojo, arrojando ponchallantas para evitar ser perseguidos. Dos días después, el horror continuó.
Entre las 6 y 7 de la mañana del 3 de octubre, se encontraron los cadáveres de 12 personas (cuatro mujeres y ocho hombres) en diferentes puntos de Salamanca. Los cuerpos, con pies y manos atados, fueron hallados en bolsas negras, todos con impactos de bala. Los hallazgos ocurrieron en el libramiento Salamanca-Valle de Santiago, la colonia La Cruz y en comunidades como Valtierrilla, Cerro Gordo y Los Lobos.
El alcalde de Salamanca, Julio César Prieto Gallardo, confirmó que los cuerpos estaban relacionados con la masacre en el anexo: “Sustrajeron a estas personas del lugar y, lamentablemente, los arrojaron en distintos puntos”.
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Con estos últimos hallazgos, el número de muertos ascendió a 17, en lo que Mauleón describe como “un octubre marcado con sangre”.
Esta masacre no es un hecho aislado en Guanajuato. De acuerdo con la columna, en el estado operan de manera irregular, sin certificación oficial, cerca de 300 centros de rehabilitación, muchos de los cuales han sido convertidos en puntos de reclutamiento o escondites para los cárteles.
En julio de 2020, sicarios del Cártel de Santa Rosa de Lima ejecutaron a 27 personas en un anexo de Irapuato, en lo que Mauleón describe como “la mayor atrocidad registrada en los archivos criminales del estado”. A pesar del despliegue de fuerzas federales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la violencia no ha cesado.
RC