León— Aunque junio es tradicionalmente un mes de celebración para la comunidad LGBT+, también representa un momento crucial de exigencia hacia las autoridades, así lo expresó Isaac Banda, presidente de Guanajuato Libre A.C., quien afirmó que en el estado aún existe una profunda deuda en materia de derechos humanos hacia la diversidad sexual.
El dirigente de Guanajuato Libre indicó que el 28 de junio gritarán fuerte y claro que en Guanajuato les quedan a deber en mucho a su comunidad, porque hay ausencia de derechos básicos como permitir el matrimonio igualitario y la prohibición de las llamadas ECOSIG.
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“Para Guanajuato, el orgullo, representa una celebración, visibilizarse, tomar las calles, demostrar que somos parte de la ciudadanía, de un pueblo, pero también es momento de exigencias porque estamos muy atrasados en los derechos de las personas LGBT+.
En Guanajuato aún no se reconoce el trans feminicidio, los crímenes de odio dentro del código penal, aún no existe el matrimonio igualitario en la ley, la adopción homoparental, no se tiene la prohibición de las Ecosigs, entonces, sí hay que celebrar, pero estamos luchando juntas porque falta mucho por reconocer”, señaló.
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Cabe mencionar que el Día Internacional del Orgullo LGBT+ (lesbiana, gay, bisexual y trans), también conocido como Día del Orgullo Gay o simplemente Orgullo Gay, se celebra cada año el 28 de junio con el objetivo de instar a la tolerancia, la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans.
En el municipio de León, el matrimonio igualitario es legal, pero la legislación específica aún está pendiente de aprobación. Guanajuato ha autorizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo, la formalización de la ley a través de la legislación estatal es un proceso en curso.
El activista destacó que la sanción de los ECOSIG, tratan de que el Senado propone añadir un Capítulo IX denominado “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas” al Código Penal Federal y un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud.
Plantea que toda persona que realice imparta, o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia o servicio que restrinja la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, sea condenada con dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
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El activista lamentó que más de la mitad de los municipios de Guanajuato no cuenten con Unidades de Diversidad Sexual, y que incluso en ciudades como León, no exista una titular designada, por lo que sienten que el gobierno mantiene una gran deuda con las organizaciones y colectivos de la comunidad porque faltan derechos y reconocimientos, reiteró.
RC