Querétaro— En un polémico caso que ha generado indignación en Querétaro, la Fiscalía General del Estado está solicitando una pena de tres años de prisión en un Centro de Reinserción Social para Adolescentes para una menor de 14 años que sufrió un aborto espontáneo, así como una reparación de daños de 518 mil pesos en favor del “padre del producto”.
La menor, quien residía en el municipio de Huimilpan, quedó embarazada a causa de una violación y desconocía su estado hasta que presentó una hemorragia que resultó en el aborto espontáneo.
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La presidenta de la asociación Adax Digitales, Mayra Dávila, quien asesora a la adolescente, informó que durante la audiencia intermedia del caso se solicitó una pena de tres años de prisión y la reparación del daño económico en favor del agresor, una reparación del daño de 518 mil pesos.
Dávila denunció que la Fiscalía no excluyó de la carpeta de investigación ningún dato que podría revictimizar a la menor y pidió que se desestimaran testimonios sin relevancia para el caso.
La situación de la adolescente ha sido difícil desde que inició la investigación bajo la carpeta CI/QRO/20351/2023, la cual fue abierta cuando el personal de emergencia que atendió la hemorragia de la menor notificó a las autoridades.
Actualmente, la menor se encuentra bajo medida de arraigo domiciliario, y en los próximos cinco días hábiles se definirá la fecha de audiencia del juicio en su contra.
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Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal general de Querétaro, confirmó el mes pasado que se había abierto una investigación por homicidio en contra de la menor, argumentando que se trataba de la muerte de un feto de más de 36 semanas de gestación. Sin embargo, Hernández también aseguró que no se han judicializado otras carpetas por el delito de aborto en el estado.
El caso ha generado un amplio debate en torno a los derechos de las víctimas de violencia sexual y los derechos de las adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos en Querétaro piden que se reconsideren las medidas contra la menor, enfatizando la necesidad de una atención integral para víctimas de abuso y de políticas que eviten la revictimización.
