La dictadura de Nicaragua canceló este jueves la personalidad jurídica de la Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo, inscrita desde 1999, que administraba un colegio religioso, por “incumplimiento a las leyes que la regulan” y ordenó expropiar sus bienes.
Al parecer, la organización no reportó sus estados financieros del 2022 por lo que corresponde proceder de oficio a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.
Recién había denunciado la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina que el régimen de Nicaragua había ordenado la expulsión de las tres monjas que administraban el colegio de la congregación. Vecinos confirmaron que el instituto está ocupado por policías.
La semana pasada, el régimen también intervino el colegio Susana López Carazo, una de las obras emblemáticas de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, en el departamento de Rivas, sur de Nicaragua, y expulsó a tres monjas de esa congregación, según un periódico digital.
Las relaciones del Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
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