León, Guanajuato - La Secretaría de la Honestidad y la Transparencia de Guanajuato abrió un expediente (INV.SEA.05.2024) para investigar posibles irregularidades en el uso de recursos otorgados al Colegio de Abogados de León destinados a la realización del Segundo Congreso Internacional de Derecho, celebrado en mayo de 2019.
El licenciado José Roberto Saucedo, a cargo del proceso de revisión ciudadana, señaló que el Colegio no comprobó más de 100 mil pesos del monto total de 2 millones 320 mil pesos que recibió de la Secretaría de Turismo (Sectur).
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“El Instituto de Acceso a la Información Pública sistemáticamente había validado que la Sectur no nos diera a conocer la información solicitada. Queríamos ver las facturas y comprobantes fiscales que justificaran cómo se aplicó ese dinero para el Congreso de Derecho. Después de litigar por un año y medio, logramos que se reconociera nuestro derecho a obtener esa información”, dijo Saucedo en conferencia.
La información sobre cómo se utilizaron esos recursos se bloqueó durante más de un año por la Secretaría de Turismo, lo que motivó una batalla legal que culminó en un amparo directo a favor de Saucedo.
A pesar de que la Sectur finalmente proporcionó los documentos, la revisión reveló varias irregularidades.
Según el reporte, el Colegio de Abogados de León solo ha comprobado un total de 2 millones 217 mil pesos, quedando un remanente de 102 mil 946 pesos sin justificación.
“La cantidad no es mucha, pero es obligación del Colegio devolver el dinero no utilizado. Hay un remanente que sigue sin devolverse desde 2019”, añadió Saucedo.
El Congreso, que se realizó los días 29, 30 y 31 de mayo de 2019, se financió en su totalidad por el Gobierno del Estado.
Otro aspecto que señaló Saucedo es que el Colegio de Abogados también cobró una cuota de inscripción para los asistentes, algo que no estaba estipulado en el convenio firmado con la Secretaría de Turismo.
Aquella ocasión se cobraron 700 pesos a los estudiantes y 900 pesos a los abogados titulados. La asistencia fue de aproximadamente 2,000 personas, lo que habría generado ingresos adicionales de alrededor de un millón 400 mil pesos.
“El convenio nunca estableció que el evento pudiera generar un negocio lucrativo, pero el Colegio de Abogados cobró estas cuotas y se quedó con el dinero. Eso representa un conflicto, pues el evento fue completamente financiado con dinero público. Estamos hablando de un uso paralelo de los recursos que no estaba previsto en el acuerdo original”, señaló Saucedo.
Además, algunas facturas presentadas no parecen estar relacionadas directamente con la organización del Congreso, por ejemplo, facturas por dos comidas en el restaurante Rincón Gaucho que suman casi 30 mil pesos, así como otra factura por 21 mil pesos de un restaurante llamado Eno.
“Estas facturas nos llaman la atención porque no parecen estar vinculadas con el evento. Hay otras facturas que sí justifican gastos como la renta de locales o la logística del evento, pero muchos otros no parecen tener relación”, dijo.
Las personas involucradas en la supervisión de este recurso son María Eulalia del Consuelo Vallejo Cortés, coordinadora de atención a segmentos especializados en la Secretaría de Turismo, y Dani Ángel Martínez Muñoz, abogado encargado del seguimiento dentro del Colegio de Abogados.
Asimismo, los titulares de la Sectur y del Colegio de Abogados durante la firma del convenio, María Teresa Matamoros Montes y Jorge Marcelino Trejo, respectivamente, también serán sujetos a investigación durante su gestión.
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“Es muy probable que haya otros casos similares, donde se entregan recursos públicos para la organización de eventos, y los beneficiarios lucran con ellos sin devolver el dinero no utilizado o sin comprobar su uso”, destacó Saucedo.
La investigación sigue en curso y se espera que las autoridades emitan una resolución en las próximas semanas pues será la Secretaria de la Honestidad quien faculte a requerir el dinero restante a la Sectur.
*GG
