León, Guanajuato - Un caso de presunto maltrato extremo a una perrita en León provocó gran indignación de parte de la ciudadanía; mientras que las autoridades confirmaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato ya investiga el hecho.
La rabia colectiva movilizó a las autoridades de León, y hasta la alcaldesa tuvo que intervenir para explicar las condiciones en las que se encuentra la perrita.
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Maltrato animal en León: hombre somete a su perrita a un calvario
En el video que se hizo viral en redes, se puede ver a un hombre maltratando y violentando a la perrita. Se presume que el sujeto le dio descargas eléctricas a la mascota, la sometió a golpes con cables de aparatos electrodomésticos, la impactó contra el suelo y la asfixió, lo que originó graves denuncias sobre el presunto maltrato extremo.
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Por ahora, se confirmó que el caso escaló formalmente a la vía legal y ya cuenta con el folio de investigación 179630 ante la Fiscalía de Guanajuato.
Ante la viralización del caso y la exigencia ciudadana de justicia, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos difundió un mensaje en video junto a personal de Bienestar Animal para fijar la postura del Gobierno Municipal.
Confirman rescate de la perrita y sanciones contra el presunto responsable
En la grabación, la edil confirmó las siguientes acciones y precisiones:
- Resguardo del perro: La canina ya se encuentra a salvo, fuera de peligro y bajo el cuidado de las autoridades correspondientes.
- Sanción administrativa: Se adelantó que habrá una multa económica para el hombre señalado como responsable.
- Límites legales de actuación: La alcaldesa aclaró que, al tratarse de un domicilio particular, la autoridad municipal no puede ingresar de manera inmediata sin una orden judicial, por lo que el proceso ha debido seguir estrictamente los tiempos administrativos y legales, lo que si lograron es que cuando arribaron al domicilio, le pidieron al dueño que entregará de manera voluntaria al animal, lo cual hizo sin protestar.
El caso permanece bajo la investigación de la Fiscalía para determinar la responsabilidad penal del señalado, mientras colectivos y ciudadanos mantienen la vigilancia sobre el avance del caso.