Esta semana, el Congreso local de Yucatán aprobó un incremento a las penas por feminicidios cometidos en la entidad, por lo que las personas que sean encontradas culpables de este delito podrían recibir una pena de hasta 65 años de cárcel.
Además, el Congreso también aprobó penas para los servidores públicos que entorpezcan las investigaciones por feminicidio; y también anuló la prescripción de delitos sexuales en contra de menores de edad.
“Es de suma importancia para castigar de manera justa y responsable a toda persona que cometa este ilícito, ya que la vida de cualquier ser humano y por ende de una mujer, debe ser respetado ante cualquier circunstancia", dijo la diputada Milagros Romero Bastarrachea, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de Yucatán.
Pese a que Yucatán es uno de los estados con menor tasa de homicidios registrados en 2020, en ese año se cuadruplicaron los feminicidios respecto al 2019, con 11 femicidios.
Inclusive, hasta abril de este año, ya se habían reportado cuatro feminicidios en Yucatán, dos en la capital, uno en Acanceh y uno en Umán, por lo que asegura que este endurecimiento de las penas, era necesario.
“No queremos únicamente más castigos, ni más feminicidas en la cárcel, sino que queremos permanecer vivas”, sentenció.
🔴 El Congreso de Yucatán aprueba elevar las penas a feminicidas y la no prescripción de delitos sexuales contra de menores.
Rosa Adriana Díaz (@rosaadrianadl), coordinadora de la fracción parlamentaria de @DiputadosPANYuc, nos habla del tema en #entrevista con @beltrandelrio. pic.twitter.com/oJR8HcyvRs— Imagen Radio (@Imagen_Mx) July 28, 2021
Respecto a las otras reformas aprobadas, se definió que si los servidores públicos retrasan o entorpecen la procuración y administración de justicia, ya sea por negligencia o intencionadamente, serán acreedores a una pena de entre tres y ocho años de cárcel; además de que serán destituidos de sus cargos entre seis y 10 años.
Por su parte, la no prescripción de los delitos sexuales cometidos contra niños permitirá que un menor abusado en su infancia podrá denunciar aún en su vida adulta, sin importar cuántos años hayan transcurrido desde que se cometió el delito.
*JRP
