No sólo el país, sino que toda la comunidad internacional, está viviendo una difícil temporada financiera, considerando los primeros meses de salida de la pandemia mundial, además de los problemas causados por la guerra que enfrenta Europa, que causó disminución de los flujos comerciales y financieros y una contracción en la oferta agregada global.
Este desequilibrio entre oferta y demanda incrementó los precios de todo tipo de productos minerales, granos y productos agropecuarios, de los energéticos, de importantes componentes electrónicos y electromecánicos y finalmente en un incremento generalizado de precios.
Se ha disparado la inflación a niveles no vistos en décadas. Después de varios meses, la situación no regresa a la ‘normalidad’, más bien los incrementos en los precios se generalizan y se aceleran.
Ante esto, los bancos centrales suben tipos de interés, mientras las bolsas reaccionan con caídas prolongadas que reflejan la poca fe de los inversores en lo que se nos viene por delante.
Lo que nos espera es, según muchos, la recesión: una depresión de las actividades económicas que se traduce en crecimiento negativo del producto interior bruto (PIB).
Caer en una recesión tiene amargas consecuencias: el desplome de la inversión, el consumo y las transacciones provoca cierres de empresas, recortes, pérdidas masivas de empleo e imposibilidad para pagar deudas que puede llevar a muchos a la bancarrota.
México ya tiene una reducción relevante en la inversión desde hace varios años, incluso antes de la pandemia. Los diferentes gobiernos han tomado la decisión de reducir la liquidez en las economías, para lograr un crecimiento de la demanda más acorde con la capacidad productiva y así controlar la inflación.
Este proceso traerá consigo una desaceleración del crecimiento o incluso una recesión. Esto podría atraer más y mayores impuestos, más deuda pública, y el incremento a la tasa de interés de referencia.
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