Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) se enfrentaron a familiares de personas desaparecidas de los colectivos ‘A tu encuentro’ y ‘Sembrando Comunidad’ que pretendían llegar a la Glorieta Santa Fe de Guanajuato capital, para continuar manifestándose.
La tarde-noche del jueves iniciaron un plantón a un costado del Teatro Juárez para expresar su inconformidad por el nombramiento de Héctor Alonso Díaz Ezquerra como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, exigir la restitución del proceso de selección y un encuentro con el gobernador del estado.
Por la mañana se trasladaron a la Glorieta Santa Fe, que está cerca de uno de los principales accesos de la capital del estado, cuando elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública nos les permitieron continuar su paso; el argumento dijeron, el bloqueo de la vialidad.
Derivado de ello se registraron empujones y golpes. En la trifulca resultó lesionada de la pierna derecha Sandra Cervantes Flores, quien tuvo que ser intervenida quirúrgicamente; también resultaron heridos cuatro policías de acuerdo a Alvar Cabeza de Vaca Appendini.
De eso esos hechos cuatro mujeres identificadas por los colectivos como madres en busca de un familiar desaparecido, fueron detenidas por “delitos contra las vías generales de comunicación”.
El colectivo ‘Sembrando Comunidad’ confirmó la detención de tres de sus miembros: Karla Martínez, Isela Berenice Olimpia Montoya Juárez, Verónica Durán, así como la activista María del Carmen Ramírez.
Horas después fueron puestas en libertad bajo las “reservas de la ley”.
El abogado y activista Roberto Saucedo Pimentel, representante de las cuatro mujeres detenidas, detalló que fueron puestas a disposición del Ministerio Público acusadas de obstruir las vías de comunicación.
“Vamos a defenderlas con todo, que quede claro este mensaje: en Guanajuato estamos viendo un acto de represión”. Dijo que pedirá la libertad bajo caución y posteriormente presentarán una denuncia por la “represión”.
También fue detenido Jorge Francisco Rubio Salgado, representante de la Visitaduría Auxiliar de la CNDH, quien salió libre de inmediato una vez que se identificó.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, exhortó a respetar el derecho a la manifestación e investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza durante la manifestación.
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), dio a conocer a través de un comunicado que abrió el Expediente de Queja 72/2020-A e inició una investigación en torno a lo acontecido la mañana de este viernes en la ciudad de Guanajuato capital. La PDHEG pidió a la Secretaría de Gobierno, proporcionar defensores públicos a las personas detenidas.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su cuenta de Twitter, condenó las “agresiones e indebida privación de la libertad de familiares de personas desaparecidas”, y urgió al gobierno del estado a atender las legítimas causas que se reclaman.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos de familiares de personas desaparecidas y diversas agrupaciones en el país, se solidarizaron con las agrupaciones guanajuatenses y exigieron la libertad de las personas detenidas.
Por la tarde, en rueda de prensa, el secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, expresó su disposición al diálogo con los familiares de personas desaparecidas, y lanzó un exhorto a no politizar estos temas.
De la reunión con el gobernador que exigen los colectivos, dijo no tener duda de que se registrará, pero debe tomarse en cuentra la contingencia generada por el coronavirus.
Previo a la rueda de prensa, se registró una reunión con representantes de los colectivos, representantes del gobierno estatal y la diputada Libia Denisse García Muñoz Ledo, sin embargo, no se dieron a conocer los acuerdos.
Los colectivos emitieron un pronunciamiento con tres demandas: una mesa de trabajo para la atención de las víctimas, la búsqueda e investigación con metodologías claras. El restablecimiento del “opaco” proceso de selección para el titular de la Comisión de Búsqueda, y una disculpa pública por parte del gobernador del estado por la “criminalización de las víctimas, por hostigamiento en las marchas con las fuerzas del estado y represión”.
El documento es firmado en solidaridad por 17 organizaciones defensoras de derechos humanos y liderazgos de la sociedad civil como María Elena Morera, Alberto Athie, Mariclare Acosta Urquidi, entre otros.
MEJZ*