Ocho meses después del asesinato de Ángel, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de la Guardia Nacional, quienes dispararon en contra del estudiante de la Universidad de Guanajuato.
El resolutivo de recomendación fue emitido el 26 de diciembre y dirigido a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no solo por el homicidio, sino también por agravio a la integridad de otros tres estudiantes.
Fue el 27 de abril cuando cuatro estudiantes fueron atacados cerca de la exhacienda El Copal, en una comunidad del municipio de Irapuato, cuando salían de una reunión estudiantil en un salón o barda de fiestas cercano. Eran alumnos del campus Irapuato- Salamanca, ubicado en la misma comunidad.
Ese mismo día, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, inició un expediente que fue turnado a la CNDH al involucrar a autoridades federales en los hechos descritos.Pese a que los elementos aseguraron que los jóvenes huyeron a alta velocidad cuando los vieron, la dependencia no justificó el uso de la fuerza, por lo que recomienda colaborar en las investigaciones penales e internas en contra de los agentes.También inscribir en el registro nacional a las víctimas directas e indirectas de estos hechos.MEJZ*
