Mayor severidad para los ladrones de escuelas públicas propone la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado.
El diputado Alejandro Arias Ávila, a nombre del grupo parlamentario del PRI, sugirió una reforma al artículo 194 y adición de la fracción XIII del Código Penal del Estado de Guanajuato, para que el robo de mobiliario, accesorios, o cualquier tipo de objeto e insumos de escuelas públicas, sea considerado robo calificado.
Esto implicaría un castigo mayor para los responsables de hasta cinco años de prisión en los robos cometidos a partir de doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización, y se contaría con la posibilidad de evitar la suspensión condicional del proceso del imputado y cualquier beneficio de preliberación.
En su exposición el legislador señaló que hasta finales del 201 se tenía registro de al menos 600 planteles educativos, incluso en más de una ocasión. A lo largo de los últimos dos años de la pandemia provocada por la covid-19 la problemática se agudizó.
“Un saldo aproximado de 600 planteles educativos que son objeto de robos sistemáticos y constantes en perjuicio del erario público, porque es de donde provienen los recursos para reparar los daños y reponer los objetos o muebles robados en los planteles públicos que son blanco por parte de pandillas o ladrones solitarios”.
En las instituciones públicas se roban desde el cableado eléctrico en aulas y en espacios exteriores, hasta rejas, puertas, ventanas, transformadores de electricidad, cercas, material didáctico, accesorios de baños y de salones de clases, televisores, computadoras, cañones, lámparas y baterías de energía solar, bombas de agua; bienes que son propiedad del estado y que debe reponer este.
En Guanajuato existen alrededor de 13 mil instituciones de educación pública, sobre todo en el nivel básico, que con la suspensión de las clases presenciales quedaron sin reguardo dado que no cuentan con personal suficiente para su vigilancia.
Y los policías en los municipios aseguró, se limitaron a realizar rondines y recorridos sin que esto implicara que los delincuentes se inhibieran para cometer los robos.
“Resulta por demás inconcebible que una vez cometidos los robos, y en algunos casos detenidos o procesados los imputados, estos son puestos en libertad y le son aplicables penas de conformidad con los montos específicos de los objetos robados, y se les aplica la suspensión condicional del proceso y algunas de las formas de preliberación”.
Agregó que en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, la defensa de los imputados en ese tipo de delitos, buscaba a toda costa evadir las penas altas pidiendo que cuando fueran varios robos en un mismo plantel se considerara como si fuera uno solo; cuando son autónomos cada uno de ellos.
El congresista precisó que la propuesta busca considerar que cuando el robo se cometa a escuelas, planteles o centros educativos o sus accesorios, como son jardines o patios de recreo que tengan carácter público, se considere el robo como calificado en forma expresa.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
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