León, Guanajuato . Como “improcedente” calificó Francisco Vera Ayala, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), la propuesta presentada en conjunto por la gobernadora de estado y el fiscal del estado de Guanajuato para que las fiscalías estatales coadyuven en investigaciones del crimen organizado.
El funcionario federal explicó que las competencias entre Federación y Estado están muy claras y definidas, por lo que ampliar las de fiscalías estatales implica un proceso legislativo que implica hasta reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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División de competencias
El constituyente fue muy claro: para evitar un abuso de poder, se estableció una división entre los delitos del fuero común y los delitos federales, argumentó.
Por la peligrosidad de los delincuentes, por la especialización que se tiene que tener para acreditar esos delitos e insisto, precisamente para evitar esos abusos de poder que se dieran en una sola potestad para procurar justicia, el constituyente permanente de origen estableció esa división de poderes”.
Pese a que expresó su respeto a la propuesta presentada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo en coordinación con el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, señaló que esta no tiene viabilidad, ante la complejidad de lo que requiere para que sea una realidad.
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Y es que la propuesta se tiene que aprobar desde el Congreso Federal, pasar por el Senado de la República y, posteriormente, ser aprobada en los Congresos estatales.
“Yo respeto toda propuesta, pero respetuosamente es improcedente en razón de que hay una competencia federal, perfectamente delimitada en la Constitución”.
Habla sobre el derecho de excepción
Destacó que en la persecución de conductas de delincuencia organizada o el terrorismo internacional en el fuero federal se rigen bajo el concepto jurídico de “Derecho Penal del enemigo” formulado por Günther Jakobs, el cual es un derecho de excepción.
En estos supuestos, las autoridades federales cuentan con herramientas extraordinarias, como la aplicación de la medida cautelar de arraigo y la duplicidad del plazo de 48 a 96 horas para la integración de las carpetas de investigación cuando se detiene a una persona bajo flagrancia.
Asimismo, disponen de plazos extendidos inéditos ante los jueces para resolver la situación jurídica de una persona detenida.
