Ciudad de México - La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la expedición de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, orientada a ampliar el uso de medios de pago electrónicos en México.
La iniciativa pretende fortalecer la inclusión financiera y generar nuevas oportunidades para los negocios; sin embargo, legisladores opositores advirtieron que podría facilitar la vigilancia ciudadana y profundizar las desigualdades económicas y tecnológicas existentes.
De acuerdo con el documento de presentación, la legislación busca “cerrar la brecha entre la infraestructura disponible y su uso efectivo, para que cualquier persona pueda pagar de manera digital”.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las últimas noticias directamente en tu celular
Diputados aprueban ley de pagos digitales; oposición alerta por vigilancia y exclusión
El dictamen considera pagos digitales aquellos realizados mediante códigos QR, dispositivos de comunicación de campo cercano (NFC), tarjetas de débito y crédito, transferencias de fondos, domiciliaciones y otras interfaces autorizadas por las autoridades competentes.
En otro contexto relacionado con la seguridad tecnológica, el texto señala que, durante 2026, los ciberdelincuentes combinarán ingeniería social, deepfakes y virus adaptables para atacar usuarios distraídos y vulnerar sistemas financieros.
Entre las disposiciones de identidad, la norma establece que la CURP digital deberá aceptarse como medio válido para acreditar la identidad de quienes contraten servicios financieros mediante plataformas electrónicas, aunque también podrán presentar otros documentos oficiales.
Asimismo, se contempla crear el Expediente Digital Ciudadano, una herramienta que permitirá a las instituciones financieras consultar documentos e información digital de personas interesadas en contratar servicios, siempre que exista autorización previa.
Los datos integrados en ese expediente tendrán los mismos efectos jurídicos que sus equivalentes físicos. Además, los ciudadanos podrán solicitar su consulta y portabilidad, conforme a las disposiciones contempladas en la iniciativa.
La legislación también plantea que los gobiernos federal, estatales y municipales incorporen pagos digitales en trámites y servicios, mientras que los proveedores de bienes y servicios tendrán la posibilidad de implementar estos mecanismos.
Las autoridades y los establecimientos deberán habilitar la infraestructura correspondiente, informar a los usuarios sobre las alternativas disponibles y establecer procedimientos para atender contingencias que impidan temporalmente recibir pagos electrónicos.
Uno de los puntos centrales otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes donde los pagos digitales serán el único medio permitido.
Hasta ahora, no se han precisado las condiciones, los requisitos ni las reglas operativas aplicables a esos sectores. La propuesta permite recurrir temporalmente al efectivo o al cheque cuando una contingencia imposibilite los pagos digitales.
Sin embargo, dicha excepción no podrá convertirse en una práctica permanente. El proyecto también asigna a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) el desarrollo de soluciones tecnológicas para digitalizar trámites y servicios públicos.
Entre las herramientas previstas figuran la CURP Digital, el Expediente Digital Ciudadano, la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y una Plataforma de Establecimientos Mercantiles, componentes que formarán parte de la estrategia de transformación digital.
La aprobación legislativa provocó posturas encontradas sobre la aplicación de la ley, sus objetivos y sus posibles consecuencias económicas, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y los consumidores.
El diputado Carlos Hernández Mirón, de Morena, defendió la propuesta al considerarla necesaria para fortalecer el mercado interno. Con información atribuida al INEGI, señaló que el 98 por ciento de los mexicanos dispone de un dispositivo móvil con acceso a estos servicios.
El legislador sostuvo que el país cuenta con infraestructura suficiente para atender pagos digitales masivos y argumentó que la implementación no representará una afectación considerable al gasto público.
Como respaldo, mencionó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla 4 mil millones de pesos asignados a la ATDT y a la SHCP.
Por su parte, Luis Armando Díaz, diputado del Partido del Trabajo (PT), afirmó que México tendrá por primera vez un marco jurídico que obliga a los tres órdenes de gobierno a impulsar los pagos digitales.
Según explicó, la legislación establecerá disposiciones sobre identidad digital, trazabilidad, seguridad e interoperabilidad para ampliar la utilización de estas herramientas entre la población.
El legislador resumió el problema que busca atender la iniciativa al señalar: “México no carece de infraestructura digital, lo que falta es que esa infraestructura llegue a la vida cotidiana de las personas”.
Díaz agregó que el uso de estos mecanismos podría facilitar el acceso de personas y pequeños establecimientos al sistema financiero, mediante registros que contribuyan a generar historiales crediticios, formalización y crecimiento económico.
En ese sentido, sostuvo: “Cada pago digital genera un registro. Cada registro ayuda a construir un historial. Ese historial abre la puerta al crédito, a la formalización y al crecimiento; se trata de un avance tecnológico con rostro humano”.
También respaldó que la ley establezca medidas de seguridad, identidad digital e interoperabilidad, al considerar indispensable que los usuarios tengan garantías sobre la protección de su dinero y sus datos personales.
Desde el PRI, el diputado Emilio Suárez reconoció la importancia de que México participe con mayor fuerza en la economía digital, aunque advirtió que el proyecto podría ampliar la brecha tecnológica dentro del país.
El legislador señaló que, aunque la iniciativa podría modernizar la economía y extender los servicios financieros, su aplicación obligatoria sin infraestructura suficiente ni orientación efectiva a los usuarios incrementaría los riesgos de exclusión y vulnerabilidad.
Al cuestionar el diseño de la normativa, advirtió: “Esta ley podría combatir y ayudar a modernizar la economía mexicana y ampliar el acceso a servicios financieros, pero como está planteada, el riesgo es que aumente la exclusión, la vigilancia y la vulnerabilidad tecnológica si se aplica de manera obligatoria, sin infraestructura suficiente ni conducción efectiva de los usuarios”.
La diputada Verónica Pérez Herrera, del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó que la practicidad de las herramientas digitales pueda confundirse con una mayor capacidad gubernamental para conocer información sobre la vida de las personas.
La legisladora consideró necesaria la actualización tecnológica, pero rechazó que la modernización se convierta en una obligación que facilite el control o la vigilancia de los ciudadanos.
Su postura quedó expresada en la siguiente advertencia: “Pero no confundamos modernización con control, ni digitalización con vigilancia, ni una buena herramienta con una obligación mal diseñada”.
Desde Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Flores Elizondo cuestionó que el proyecto no determine quién cubrirá los gastos de conectividad, dispositivos de cobro y adaptación tecnológica que requerirán los establecimientos.
La diputada señaló que no existe certeza de que el Estado absorba esos costos, situación que, a su juicio, podría perjudicar a los pequeños negocios, los municipios con mayores carencias y los consumidores.
También alertó sobre los riesgos relacionados con la privacidad y la concentración de poder, debido a que la iniciativa no especifica qué datos se almacenarán, durante cuánto tiempo ni quién podrá consultarlos o con qué finalidad.
Flores Elizondo cuestionó además la ausencia de auditorías independientes y sanciones por filtraciones de información. Al respecto, afirmó: “La iniciativa no dice qué datos se guardan, por cuánto tiempo, quién los consulta ni para qué. No habla de auditorías independientes ni de sanciones por filtraciones”.
La legisladora también criticó la posibilidad de concentrar atribuciones en el Estado y defendió que los costos de la transformación digital sean cubiertos con recursos públicos, no por los pequeños comercios.
En su intervención, sostuvo: “Digitalizar, sí, pero con el costo a cargo del Estado y no de la tiendita”, al advertir sobre las consecuencias económicas que podría enfrentar el comercio de menor escala.
Te recomendamos: VIDEO Iba con su hijo a una convención de motos cuando un auto los impactó; el padre murió
El diputado panista Homero Ricardo Niño de Rivera Vela calificó el dictamen como “autoritario, arrogante y prepotente” y aclaró que sus críticas no implican un rechazo a la incorporación de nuevas tecnologías.
Su inconformidad se centró en la falta de criterios definidos para determinar cuáles sectores estratégicos y actividades relevantes estarán obligados a aceptar pagos digitales como única alternativa.
Al respecto, cuestionó: “Nos dicen que los sectores estratégicos y actividades relevantes que se definan serán los obligados a aceptar pagos digitales, pero no nos dicen cuáles son los criterios a través de los cuales se van a definir estos sectores y actividades relevantes”.
La iniciativa fue enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a principios de septiembre. Tras obtener 327 votos a favor y 122 en contra, el proyecto fue remitido al Senado de la República.
De acuerdo con el boletín legislativo, la Cámara de Diputados envió el dictamen a la Cámara de Senadores “para sus efectos constitucionales”, por lo que continuará el proceso legislativo correspondiente.
Para consultar información institucional relacionada con la iniciativa, pueden revisarse los portales oficiales de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
