San Salvador, El Salvador - Una reforma legal en El Salvador modificó la Ley Penal Juvenil y el Código Penal, permitiendo sentencias más severas contra menores vinculados a delitos graves.

Impulsada por el Ejecutivo y avalada por mayoría legislativa, la normativa elimina límites previos de internamiento, equiparando por primera vez a menores con el sistema de justicia penal para adultos.

La disposición habilita a tribunales para imponer prisión perpetua a partir de los 12 años, en casos relacionados con crimen organizado o conductas tipificadas como terrorismo.

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Prisión perpetua a menores

Además, establece restricciones que impiden solicitar libertad condicional o revisión de sentencia, hasta que se cumplan 25 años de prisión efectiva por parte de los condenados.

Investigaciones periodísticas han señalado antecedentes en la política de seguridad, incluyendo presuntos acuerdos entre autoridades y líderes de grupos delictivos antes de operativos masivos.

De acuerdo con estos reportes, funcionarios habrían facilitado contactos en centros penitenciarios, en un contexto donde se buscaba reducir homicidios mediante entendimientos con organizaciones criminales.

Se indicó que dichos acuerdos implicaban beneficios penitenciarios y otras condiciones, así como compromisos relacionados con extradiciones y dinámicas políticas internas del país.

Posteriormente, la ruptura de esos entendimientos en marzo de 2022 derivó en un aumento de violencia, con un saldo de 87 personas fallecidas en un solo fin de semana.

Este episodio marcó el inicio del denominado Régimen de Excepción, que dio paso a operativos de seguridad con detenciones masivas en distintas regiones del país.

En este contexto, la reforma legal ha sido interpretada como parte de una estrategia más amplia, enfocada en endurecer las medidas contra sectores vinculados a actividades delictivas.

Diversos señalamientos apuntan que adolescentes han sido detenidos sin pruebas concluyentes, basándose en factores como apariencia física o lugar de residencia dentro de zonas específicas.

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Organismos y analistas advierten que la legislación podría contravenir acuerdos internacionales, particularmente en materia de derechos de la niñez suscritos por el Estado salvadoreño.

El tratado de la ONU establece que la privación de la libertad en menores debe ser excepcional, y aplicada por el periodo más breve posible conforme a principios de protección integral.

“La detención de un menor debe ser el último recurso y por el tiempo más breve posible”, establece la normativa internacional en materia de derechos infantiles.

Asimismo, se ha señalado que la reforma impacta el principio de interés superior del menor, al modificar el enfoque hacia esquemas punitivos por encima de modelos de rehabilitación.

“No se juzga un delito, se condena una existencia”, es una de las interpretaciones difundidas en torno al alcance de la nueva legislación en el país centroamericano.