León, Guanajuato - La madre buscadora Paola Rojas denunció ante los medios de comunicación el desalojo, agresión policial y presunto fraude inmobiliario en su contra.
La activista señala haber sido despojada de su vivienda en la colonia Villas de San Juan mediante un operativo en el que participaron policías municipales y un actuario del Poder Judicial; hizo visible la presunta red de corrupción.
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Durante la diligencia, la activista señaló haber sufrido agresiones directas por parte de elementos de la Policía Municipal de León, así como de un actuario adscrito al Poder Judicial, quienes intervinieron para concretar el despojo de la propiedad a su familia.
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De acuerdo con el testimonio y la alerta emitida por Rojas, los hechos se desarrollaron en el domicilio ubicado en la calle Circuito Acuario #126-A de la colonia mencionada.
Acusan fraude de remates bancarios
La afectada sostiene que la pérdida de su patrimonio es consecuencia de un presunto fraude orquestado a través de la figura de remates bancarios.
En su denuncia, la buscadora acusa directamente a Daniel Quiroz Cabala de haber adquirido el inmueble de manera ilícita.
Asimismo, señala que esta operación se habría realizado en presunta complicidad con el socio de este, Gustavo Emilio Delgado Muñoz, a quien se identifica como el coordinador de la Defensoría Pública en materia penal de la Secretaría de Gobierno del Estado.
Ante la emergencia, Rojas emitió un mensaje de auxilio dirigido a medios de comunicación y a la sociedad civil, solicitando la presencia de la prensa para documentar el operativo y evidenciar lo que califica como un acto de abuso de autoridad, corrupción y vulneración a los derechos de su familia.
Denuncian esquema sistemático de fraudes
De acuerdo con lo expresado por la afectada, los dos hombres que la despojaron como parte de un esquema sistemático de fraudes similares, operan bajo el mismo modus operandi para despojar a otras familias de sus propiedades en la región.
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Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, ni el Poder Judicial del Estado han emitido un posicionamiento oficial respecto a la actuación de sus servidores públicos en la ejecución de este mandamiento judicial.
Se espera que en las próximas horas colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos se pronuncien y brinden acompañamiento legal a la activista.
