Guadalajara, Jalisco - Aunque la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) asegura que la intervención inicia de manera inmediata cuando un menor sufre abuso sexual, especialistas advierten que el Estado carece de un modelo especializado para acompañar integralmente estos casos, propiciando la revictimización y dificultando la recuperación de las víctimas.
Datos entregados por el DIF Jalisco a MURAL muestran que durante 2024 la PPNNA atendió 652 casos de abuso sexual infantil; en 2025, la cifra descendió a 294 y, hasta junio de 2026, sumaban 54 menores atendidos.
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La dependencia informó, además, que cuenta con 20 psicólogos, 20 trabajadores sociales y 49 abogados para atender a menores, con una carga promedio de 50 expedientes por cada servidor público.
En sus respuestas oficiales, la procuraduría sostuvo que la atención psicológica se brinda de manera inmediata o a la brevedad posible y que posteriormente las víctimas son canalizadas a los Sistemas DIF municipales para recibir terapia y seguimiento.
El problema no inicia con la denuncia
Sin embargo, para Francisco González, perito en Trabajo Social especializado en reparación integral del daño, el problema no comienza con la denuncia, sino después de ella.
Las víctimas suelen ser canalizadas a hospitales públicos, Sistemas DIF municipales, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas o con terapeutas privados.
"No existe algo como un centro que solamente atienda este tipo de asuntos", señaló.
Los menores, expuso González, terminan siendo atendidos por profesionales que enfrentan todo tipo de casos.
"Si la familia no tiene recursos, el niño va a terminar atendiéndose en un Sistema DIF municipal con el terapeuta que atiende adultos, personas de la tercera edad, matrimonios y también niños víctimas de abuso sexual. No todos los psicólogos son terapeutas; no todos los trabajadores sociales tienen experiencia para atender este tipo de casos", advirtió.
Fragmentación institucional y revictimización
Eurídice Paredes, exprocuradora de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, coincidió en que uno de los principales retrocesos ha sido la desaparición de áreas dedicadas solamente a la atención de víctimas de abuso sexual y trata de personas. Afirmó que esto obligó a distribuir los casos entre áreas generales, donde se perdió experiencia y especialización.
"Desde el momento en que dependemos de áreas no especializadas para la declaración de un menor, en un entorno hostil y sin el personal adecuado, estamos revictimizando", aseveró.
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La fragmentación institucional también tiene consecuencias para las familias.
González explicó que una víctima puede pasar por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, acudir después a otra institución para recibir terapia y continuar el proceso con distintas dependencias durante la investigación penal. Cada traslado implica nuevas entrevistas y, con frecuencia, volver a narrar la agresión.
"La forma más común de revictimización es cuando se solicita a la víctima que vuelva a narrar los hechos", expuso.
Ante esto, indicó, es vital saber cómo reaccionar cuando un menor revela que sufrió abuso.
"Lo primero es escuchar al niño, agradecer la confianza y no hacer preguntas innecesarias. Después dar aviso a la autoridad. Lo que no debe hacerse es pedirle que vuelva a contar la historia una y otra vez", recomendó.
Las dificultades aumentan fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara. González señaló que una víctima del interior del Estado puede ser canalizada a hospitales regionales, al Hospital Civil o a Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, donde la atención tampoco está especializada en abuso sexual infantil.
Otra situación problemática se presenta cuando el agresor forma parte de la familia y la víctima debe ser separada de su entorno.
González sostuvo que la mayoría de los menores ingresan a Centros de Asistencia Social donde conviven con niñas y niños que enfrentan problemáticas distintas.
Urgencia de protocolos especializados
Si el abuso no recibe un tratamiento terapéutico oportuno, advirtió, pueden aparecer conductas asociadas al trauma, como la hipersexualización.
Recomendó incorporar herramientas desarrolladas por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, como protocolos para disminuir la revictimización y modelos de prueba anticipada videograbada.
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Tanto González como Paredes coincidieron en que el problema no se resolverá únicamente con reformas legales. Para el perito, las prioridades siguen siendo crear una institución especializada con presupuesto suficiente y contratar personal con experiencia específica en trauma infantil.
Con información de Gabriela Alegría