León, Guanajuato - Pese a la histórica sentencia dictada contra Edgar Francisco Ríos por el millonario fraude inmobiliario desde el despacho Punto Legal, la reparación del daño para las víctimas continúa pendiente.
Abogados defensores de los afectados explicaron que, aunque legalmente existen condenas que suman miles de años en papel, la legislación penal mexicana topa las penas máximas de prisión a 40 años, e insistieron en que sin la restitución del patrimonio, la justicia en el estado sigue siendo incompleta para cientos de familias leonesas y guanajuatenses.
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Manifestación y bloqueo vial
La mañana de este viernes, un grupo de víctimas del caso Punto Legal se manifestó y bloqueó momentáneamente la avenida Hermanos Aldama para exigir a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) información relativa al dinero que les fue despojado.
El abogado Baccelli Lira, representante de un grupo de afectados, señaló que la mayor preocupación de las víctimas no es el tiempo que el responsable del fraude pase en la cárcel, sino la falta de garantías para recuperar su dinero.
En 40 años, el señor Franco Ríos va a estar exento de pagarlo, si es que ya no está en un paraíso fiscal. Como la Fiscalía no nos ha dado el 'tren del dinero', precisamente es lo que se busca: que nos digan dónde está el dinero”, señaló Lira.
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Falta de información financiera
La Fiscalía señaló que no ha entregado a los abogados particulares la información sobre el seguimiento financiero de los fondos desviados.
Afirmó el representante legal que la Fiscalía, a través del fiscal que identificó como Mora, prometió reuniones mensuales con las partes afectadas, de las cuales solo se han realizado dos y sin la presencia de los abogados particulares de las víctimas.
Explicó que cada bloque de investigación integra alrededor de 50 carpetas, con víctimas que perdieron dinero al adquirir de una a varias propiedades.
Tan solo en una de las carpetas se detectó el movimiento de 15 millones de pesos. Señaló que en una sola sala han estado entre 40 y 50 abogados.
La familia y posibles colaboradores del principal imputado continúan en libertad y “viviendo en la opulencia”, mientras que las líneas de investigación paralelas siguen paralizadas, acusó el abogado.
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Diversas víctimas no pudieron denunciar a tiempo debido a que la ley en Guanajuato establece la prescripción del derecho a denunciar tras dos años del delito si este no es continuado.
Las víctimas quieren garantías de que se les será restituido su recurso.
