León, Guanajuato - Para el abogado especializado en juicios civiles, los derechos de los ciudadanos son sobrepasados por la Guardia Nacional desde sus estatutos, explica Antonio Martínez.
En una revisión a la Ley de la Guardia Nacional, el abogado señaló que el artículo nueve, referente a sus capacidades, utiliza párrafos y términos ambiguos que les permiten detenciones, y la ejecución abusos.
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“Artículo 9. La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
I. “Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determine la legislación aplicable”, explicó a Página Central, el abogado Martínez que insiste en la palabra “prevención”.Con el hecho de prevenir, lo que se puede interpretar es que se toman la atribución, de estar previniendo una comisión de delito… en el apartado tres del mismo artículo, señala investigación para la prevención del delito”.
Antonio Martínez / Abogado especializado en juicios civiles
“Al final de cuenta, la Guardia Nacional tiene disfrazadas facultades que no tendría que tener, o que no se podrían ejecutar por ser de orden militar contra la ciudadanía, aunque a veces opera como una Policía Municipal, pues son ellos al final los que responden en una detención en separos”, explicó.
Aseguró que al final cualquier acción contra un ciudadano o autómovil en carreteras podría ejecutarse, tras la sospecha únicamente de la cuadrilla que detenga.
Esto cobra relevancia tras una detención arbitraria que sufrió un joven creador de contenidos, donde elementos de la Guardia Nacional que viajaban en el vehículo GN336342, los obligaron a descender para realizar una revisión del vehículo y de sus pertenencias.
Uno de los elementos tomó fotografías de las identificaciones de cada uno de los tripulantes.
El personaje de redes denunció que los elementos de la Guardia Nacional les robaron lentes, cargadores y dinero en efectivo. Incluso uno de los elementos les pidió dinero “pal chesco”.
Señala ONU tema grave las detenciones arbitrarias
La ONU en septiembre del 2023 señaló que se deben realizar reformas adicionales y una implementación efectiva de protocolos para prevenir la detención arbitraria generalizada.
“Sin embargo, la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es el catalizador de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”, señaló el Grupo de Trabajo de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se sostuvo que las Fuerzas Armadas mexicanas, la GN y agencias estatales y municipales, están frecuentemente implicadas en detenciones arbitrarias.
“Carecen de los controles civiles e independientes necesarios para garantizar la prevención y la rendición de cuentas”, dijeron los expertos.
Además, hay debilidades, incluidos los sistemas de registro de las detenciones; interpretaciones demasiado amplias del delito en flagrancia; acceso insuficiente a asistencia legal efectiva; períodos excesivamente largos de prisión preventiva; ataques a la independencia judicial y al debido proceso; un enfoque demasiado punitivo de la política de drogas; y deficiencias en las condiciones de detención.
“Los retrasos entre el momento de la detención de una persona, su puesta a disposición ante el Ministerio Público y su posterior traslado a la autoridad judicial, aumentan el riesgo de graves violaciones de derechos humanos durante este período crítico”, señaló el grupo de trabajo.
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