León- Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el incremento de la extorsión no solo pone en riesgo la seguridad y la tranquilidad del tejido social, sino que también afecta gravemente la economía del país. Héctor Rodríguez, presidente del organismo en León, subrayó la necesidad de contar con una Ley General contra la extorsión.
Ante los recientes hechos de violencia y la creciente inseguridad en diversos estados, que afectan a familias y a la sociedad en su conjunto, consideramos urgente reforzar las políticas, estrategias y medidas de seguridad.
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Este delito impacta a empresas de todos los tamaños, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), así como a las familias mexicanas. Modalidades como llamadas, mensajes, cobro de piso e intimidación generan incertidumbre y frenan el desarrollo económico. Es imperativo discutir y aprobar una Ley General contra la extorsión.
La cifra negra es alarmante: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, el 96.7% de los delitos de extorsión no se denuncian. El miedo a represalias por parte de criminales y funcionarios deja a las víctimas en total indefensión. En algunos estados, la incidencia ha aumentado hasta un 50% en los últimos seis años, lo que demuestra la urgencia de abordar este problema.
Solo en enero de este año se registraron 923 víctimas de extorsión, un incremento del 13.3% respecto al mes anterior y del 3.8% en comparación con enero de 2024, lo que equivale a un promedio de 30 casos diarios.
Este fenómeno frena el desarrollo económico, ya que las empresas y pequeños negocios deben destinar recursos para evitar ser víctimas. En muchos casos, se ven obligados a pagar cuotas para poder operar. En 2023, el costo de la extorsión ascendió a casi 26 mil millones de pesos, con un gasto promedio de 6,933 pesos por víctima.
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El artículo 390 del Código Penal Federal define la extorsión como el acto de obligar a alguien, sin derecho, a realizar o tolerar algo con el propósito de obtener lucro o causar un perjuicio patrimonial. Actualmente, la pena por este delito va de 2 a 8 años de prisión.
Los grupos criminales han diversificado sus métodos, afectando no solo a empresas y pequeños negocios, sino también a la población en general, incluidos migrantes. Bajo la apariencia de “protección”, imponen pagos regulares, usurpando funciones estatales como la seguridad y la recaudación de impuestos. Además, existen servidores públicos que exigen sobornos para evitar sanciones.
"Uno de los principales obstáculos para combatir este delito es la falta de una tipificación uniforme en los códigos penales estatales. En algunos estados, se clasifica como ‘uso de confianza’ o se revictimiza a las personas afectadas, debilitando las investigaciones. Además, la ausencia de coordinación entre fiscalías estatales y la FGR impide respuestas efectivas”, señaló Rodríguez.
Implicaciones de incluir la extorsión en el artículo 19
La reforma al artículo 19 constitucional, publicada el 31 de diciembre de 2024, incluyó la extorsión en el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, lejos de combatirla eficazmente, esta medida permite que los acusados aleguen su inconvencionalidad y obtengan beneficios judiciales. Además, cuando las carpetas de investigación están mal integradas, los jueces aplican automáticamente la medida sin un análisis adecuado, dejando en indefensión a las víctimas.
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"Nos oponemos a su inclusión en el catálogo de delitos graves porque vulnera la presunción de inocencia, compromete la integridad de los detenidos, contradice las políticas de seguridad ciudadana y puede ser utilizada con fines facciosos o para cometer abusos
Coparmex propone una reforma constitucional y la aprobación de una Ley General contra la Extorsión que coordine acciones, persiga el delito de manera eficaz y genere estrategias conjuntas para su erradicación. Actualmente, existen más de 20 modalidades de extorsión, pero los códigos penales estatales reconocen menos de la cuarta parte. Por ello, se requiere una legislación nacional que homologue la tipificación del delito y sus penas”, concluyó el presidente de Coparmex en León.
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RC
