Ciudad de México - El Senado de la República impulsa una nueva legislación en materia de inteligencia artificial, que establece sanciones clasificadas como leves, graves y gravísimas, además de advertir consecuencias penales.
Dentro de esta propuesta, se contempla la creación de la Autoridad Nacional de Inteligencia Artificial, así como instrumentos regulatorios para proteger a la ciudadanía frente a posibles abusos tecnológicos.
La iniciativa, elaborada tras diez meses de trabajo legislativo, incluye medidas específicas para combatir la violencia digital de género mediante sistemas automatizados y contenidos manipulados.
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Cárcel por uso indebido de IA
“Se considerará una infracción ‘gravísima’ el emplear inteligencia artificial para manipulación cognitiva, política, electoral o social con fines ilícitos o contrarios a los principios democráticos”, establece el proyecto normativo.
Asimismo, el documento aclara que estas disposiciones no aplicarán a actividades legales de comunicación política o difusión de ideas dentro del marco democrático vigente.
“Se considerarán prácticas prohibidas de violencia digital mediante inteligencia artificial aquellas que tengan por objeto causar daño grave a mujeres o niñas”, advierte la iniciativa sobre contenidos sintéticos.
Entre estas prácticas se incluye la generación de deepfakes íntimos sin consentimiento, así como la manipulación de imágenes, audios o videos con fines de acoso, extorsión o humillación.
“La generación o difusión de contenidos sintéticos de carácter sexual sin consentimiento expreso será considerada una práctica prohibida”, subraya el texto impulsado por legisladores de diversas fuerzas políticas.
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La propuesta también introduce por primera vez el concepto de infracciones “gravísimas”, para sancionar acciones que generen daños severos a derechos humanos, seguridad nacional o integridad personal.
Entre estas faltas se contemplan el uso de sistemas autónomos letales sin supervisión humana, la vigilancia masiva sin base legal y el desarrollo de herramientas para fraude o suplantación.
“Utilizar inteligencia artificial para vigilancia masiva sin base legal suficiente o introducir vulnerabilidades en sistemas será considerado infracción gravísima”, señala el documento legislativo.
En cuanto a infracciones graves, se incluyen omisiones en evaluaciones de impacto, falta de certificación, manipulación de registros técnicos y el incumplimiento de medidas de supervisión.
Las faltas leves abarcan retrasos administrativos o incumplimientos menores que no afecten la seguridad del sistema ni vulneren derechos fundamentales de los usuarios.
La iniciativa también prohíbe sistemas de manipulación cognitiva, puntuación social discriminatoria y reconocimiento emocional en ámbitos laborales o educativos sin respaldo científico.
Finalmente, se establece un enfoque basado en riesgos, donde los sistemas serán clasificados según su impacto, imponiendo mayores obligaciones a aquellos considerados de alto riesgo.