Monterrey, Nuevo León - A pesar de las ausencias registradas entre legisladores de Morena, avanzó en el Congreso local el juicio político promovido contra Samuel García por presunta triangulación de recursos.
El acuerdo de procedencia fue aprobado únicamente con el respaldo de una diputada morenista, Grecia Benavides, evidenciando nuevamente divisiones internas entre legisladores identificados con la denominada Cuarta Transformación.
La falta de consenso dentro de la 4T podría impedir que la alianza integrada por PAN, PRI y PRD alcance los 28 votos necesarios.
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Samuel Garcia va a juicio político
De mantenerse ese escenario, la oposición tendría dificultades para concretar la aprobación definitiva del juicio político contra el mandatario emanado de Movimiento Ciudadano en el Pleno.
En caso de concretarse el procedimiento, Samuel García perdería el fuero constitucional, abriendo la posibilidad de una eventual destitución e inhabilitación como Gobernador del Estado.
Sin embargo, también tendría la posibilidad de recurrir a mecanismos legales adicionales, como la promoción de un amparo u otros recursos jurídicos.
La Comisión correspondiente determinó además que el titular del Ejecutivo estatal deberá rendir un informe el próximo 23 de junio a las 16:00 horas.
Dicho informe podrá presentarse de manera presencial, por escrito o mediante representación de su defensa legal, conforme al acuerdo aprobado durante la sesión.
Los diputados morenistas Mario Soto y Rodrigo Montemayor, así como Claudia Chapa, del Partido Verde Ecologista de México, no acudieron a la reunión.
La ausencia llamó la atención debido a que la solicitud del juicio fue presentada el lunes por Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena.
La petición forma parte de una agenda nacional impulsada por ese partido político relacionada con presuntos actos de corrupción atribuidos al Gobernador.
Soto y Montemayor justificaron su inasistencia argumentando que tenían “compromisos adquiridos con anterioridad” en sus respectivos distritos electorales.
Por su parte, Claudia Chapa informó que su ausencia obedeció a problemas de salud, según quedó asentado durante el desarrollo de la sesión.
Aunque los tres legisladores contaban con la posibilidad de participar virtualmente, optaron por no hacerlo, generando inconformidad entre integrantes opositores de la Comisión.
Como muestra de protesta, diputados del PAN, PRI y PRD colocaron los nombres de los ausentes en las sillas vacías destinadas a ellos.
Fuentes relacionadas con Morena señalaron que Mario Soto informó a sus compañeros que persistían dudas respecto a la postura partidista.
Según esas versiones, durante una reunión celebrada en la Ciudad de México con la dirigencia nacional se acordó “dedicarse a hacer trabajo territorial”.
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Las mismas fuentes aseguraron que también se planteó “no ir con juicios políticos”, situación que debía aclararse antes de participar en Anticorrupción.
Durante el debate, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, sostuvo que la denuncia constituía simplemente “puro show” político.
La legisladora argumentó que el expediente únicamente contenía referencias a notas periodísticas y que estas carecían de valor probatorio suficiente.
Además, afirmó que el objetivo era golpear políticamente al Gobernador para intentar obtener posicionamiento electoral rumbo al proceso de 2027.
Pámanes propuso apercibir a la promovente para que presentara pruebas dentro de un plazo de tres días, planteamiento que fue rechazado.
A las 13:03 horas se aprobó formalmente el inicio del juicio político y la Comisión se declaró en sesión permanente.
El acuerdo aprobado establece: “Se inicia el procedimiento de juicio político en contra de Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien actualmente ocupa el cargo de Gobernador Constitucional del Estado”.