León, Guanajuato - Al menos seis de los casos que la Contraloría Municipal de León investiga por presunto acoso laboral y sexual, de resultar comprobados, podrían derivar en sanciones de mayor severidad para los servidores públicos, tras la reforma que ahora sí considera esta conducta como una falta administrativa grave.
La contralora municipal, Viridiana Márquez Moreno, señaló que actualmente se tienen en trámite siete expedientes por presunto acoso laboral y sexual, de los cuales seis fueron denunciados con posterioridad a las reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, a finales de noviembre de 2025.
Dicha modificación considera como acoso sexual a quien, con fines sexuales o lascivos, asedie, produzca desventajas, indefensión o riesgo inminente a una persona, independientemente de que el comportamiento ocurra en uno o varios eventos, aunque no exista una relación de subordinación. Incluso, alcanzaría a los funcionarios omisos que dejaron pasar la conducta violatoria.
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Contraloría de León investiga siete casos de acoso laboral y sexual
La sanción principal será la separación o destitución del cargo, así como la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, la cual puede extenderse hasta por 20 años, según la gravedad y la conducta cometida, o en caso de que se configure hostigamiento con agravantes, de acuerdo con la ley.
Antes, las sanciones que se aplicaban eran inhabilitaciones de tres meses a un año.
La contralora Viridiana Márquez explicó que las conductas registradas antes de la reforma se indagan conforme a las disposiciones vigentes en ese momento, mientras que las denuncias posteriores a la entrada en vigor de la ley se siguen con esa normativa.
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“Las sanciones que se han emitido ya a la fecha son ejemplares en el sentido de que anteriormente eran sanciones de amonestaciones y ahora se han dado incluso destituciones”, reconoció.
La titular de la Contraloría Municipal destacó que la implementación del Protocolo de Prevención y del Comité Interseccional ha fomentado un incremento sustancial en la denuncia por parte de las víctimas, no solo ante el órgano interno de control, sino ante instancias como la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto Municipal de las Mujeres.
