La legisladora Susana Bermúdez Cano explicó que las reformas planteadas tienen el objetivo de disminuir el rezago en el TJAEG
Guanajuato, Guanajuato - La diputada panista,
Susana Bermúdez Cano, presentó una iniciativa para la creación de una nueva sala del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.
La legisladora explicó que las reformas planteadas tienen el objetivo de disminuir el
rezago en el dictado de sentencias que pueda presentar el tribunal ante el aumento considerable de asuntos, logrando manejar la carga de trabajo y garantizar tiempos de resolución razonables.
Para ello, la propuesta considera modificaciones a la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a la Ley Orgánica Municipal del Estado.
Cuando las salas están abrumadas por un gran número de procesos, los magistrados pueden tener menos tiempo para analizar detenidamente cada asunto. Al redistribuir correctamente la carga de trabajo, los magistrados tendrían más tiempo para revisar y deliberar sobre los casos, lo que podría mejorar la calidad de las decisiones judiciales”, explicó.
Asimismo, esta iniciativa busca instrumentar un procedimiento para impulsar la celebración de convenios que propicien el arreglo armonioso de los intereses de las partes en conflicto cuando el asunto planteado tenga cualidades aptas para la negociación.
“Los justiciables tendrán una opción más para el cumplimiento de sus expectativas, al momento en que se sientan afectados por el actuar de la autoridad y, a su vez, el Tribunal de Justicia Administrativa, como los Juzgados Administrativos Municipales, podrán desahogar con mayor celeridad parte de las controversias que se sometan a su conocimiento, concentrando su atención en aquellos que deban someterse a su jurisdicción”, comentó.
Bermúdez Cano manifestó que la propuesta abarca el facultar a las personas secretarias de estudio y cuenta para que puedan llevar a cabo las diligencias que les encomienden las personas juzgadoras, y así se pueda delegar el procedimiento de celebración de convenios a estas.
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