El diputado local por el PRI, José Huerta Aboytes, se posición en contra de incluir la extorsión dentro de la lista de delitos graves que ameritan prisión preventiva de ofició, debido a que esto violaría el derecho humano de presunción de inocencia.
En la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Huerta Aboytes afirmó que si se aprueba la prisión preventiva por extorsión, se rompería con el derecho de que todos los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, mismo que está consagrado en el artículo 20 de la Constitución y hasta por tratados internacionales.
Y además, indicó que a pesar de que se autorice la prisión preventiva para los presuntos extorsionadores, esto no tendrá un impacto notable para reducir el delito.
"Está comprobado que ni el incremento de las penas, ni la pena de muerte ni la ampliación de catálogo de conductas, como lo estamos viendo en este sexenio, no se ha resuelto en nada el tema toral que es la comisión de delitos dolosos que en todo el país estamos viviendo a diario, en consecuencia es inconsistente, incluir y ampliar el delito de extorsión en este catálogo, por lo que llamo a cuidar y estudiar más este tema para darle un replanteamiento", afirmó.
En 2008, el presidente Felipe Calderón fue el primero que reformó el artículo 19 constitucional para ignorar la presunción de inocencia y poder dar prisión preventiva a los sospechosos de delitos graves como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, o delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Esto en el contexto de la guerra contra el narcotráfico.
Después, en este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador amplió esta reforma e incluyó otros delitos que ameritaban prisión preventiva, como abuso, violencia sexual de menores, uso de programas
sociales con fines electorales, robo al transporte, desaparición forzada de personas, robo y tráfico de hidrocarburos, y delitos en materia de corrupción.Sin embargo, esto ha desvirtuado el propósito de la reforma, advierte el diputado priista.
“Lamentablemente con esto se pierde la esencia de la medida cautelar, ya que la ampliación del catálogo de delitos no distingue entre aquellos que lesionan bienes jurídicos como la vida, la libertad, la salud, libre desarrollo de las personas, etcétera, de conductas político-partidistas, como el caso de delito grave de uso de programas sociales con fines electorales, y adicionalmente contradice el garantismo que viola la presunción de inocencia y la garantía de libertad”, expresó.
Por todo esto, tanto José Huerta Aboytes como el Grupo Parlamentario del PRI se posicionan en contra de la inclusión de la extorsión como delito grave, y llaman a buscar otras estrategias que ayuden a combatir la extorsión en el país.
*JRP
