El Consejo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León se ha negado a ofrecer disculpas públicas a los familiares de los trabajadores que perdieron la vida en la planta de tratamiento en noviembre de 2020.
Esto lo dijo José Antonio Morfín Villalpando, presidente del órgano colegiado, pese a que esto forma parte de los acuerdos con los familiares de las víctimas, los cuales fueron firmados en el Centro de Justicia Alternativa.Manifestó que mientras no exista una resolución por parte de la Fiscalía General de Guanajuato, el consejo al que representa no emitiría las disculpas públicas, incluso cuando la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato acreditó violaciones a los derechos de los trabajadores.“Yo te diría que ese es un tema muy complicado por muchas razones: la primera es que tú pides una disculpa pública cuando estás claro que hiciste algo mal, si no para que pides una disculpa. La fiscalía no ha determinado. Derechos Humanos llegó a una conclusión pero la procuraduría en donde está el caso no ha dicho cuáles son las resoluciones”, comentó.Fue el pasado 13 de noviembre de 2020 cuando cinco trabajadores del SAPAL realizaban labores de mantenimiento en las instalaciones del módulo de desbaste de la paramunicipal, perdiendo la vida debido a las sustancias tóxicas que ahí se sanean.Al respecto, los familiares han denunciado diversas irregularidades e incluso la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato reconoció la violación a sus derechos humanos al emitir un resolutivo con cinco recomendaciones, tres de ellas dirigidas al consejo del SAPAL:Primero. Que se instruya la implementación de las acciones necesarias para la reparación integral del daño por la violación de los derechos humanos laborales, en los términos expuestos en la consideración séptima de esta resolución.
Segundo. Se giren las instrucciones a quien legalmente corresponda a efecto de que lleven a cabo las gestiones necesarias para que se otorgue atención médica, psicológica y/o psiquiátrica adecuada y gratuita a las víctimas, encaminada a restablecer su salud física y mental, en los términos expuestos en esta resolución.Tercero. Remítanse por parte de esta Prodheg las constancias y copia de la presente resolución al titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, para que, de conformidad con lo que aquí se ha señalado, se realice el ingreso en el Registro Estatal de Víctimas con motivo de las violaciones a los derechos humanos determinadas en la presente resolución.Otras dos fueron para la contraloría municipal de León:
Cuarto. Se continúe con el procedimiento de responsabilidad administrativa y sus acumulados, conforme a lo expuesto y fundado en la presente resolución, lo anterior con el objeto de determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. Además, se deberá notificar a la Prodheg, la resolución que recaiga al expediente principal y acumulados.
Asimismo, se deberán incorporar copias de la presente resolución de recomendación al expediente personal de las personas servidoras públicas responsables, a efecto de que obre constancia de las violaciones a los derechos humanos en las que participaron.
Quinto. Se instruya la implementación de las medidas legales y administrativas necesarias para evitar la repetición de hechos que violen el derecho a la seguridad jurídica, como los señalados en la presente resolución, contribuyendo con ello a su prevención, debiendo informarse a esta Prodheg sobre las medidas adoptadas.
Buscan regularizar asentamientos en León
En entrevista después de que resultó electo como presidente del consejo, Morfín Villalpando dijo que, junto con el Ayuntamiento, estarán elaborando una iniciativa para agilizar la regularización de las colonias irregulares.
“Acercarnos a los legisladores de la mano del Ayuntamiento para lograr ese objetivo de agua para todos. El proceso legislativo tiene que ser una iniciativa en donde se analice esta problemática que resulta complicada”.De acuerdo con el presidente del consejo, con esta iniciativa no solo se busca asegurar el acceso al agua potable a quienes habitan en este tipo de asentamientos, sino también darles certeza jurídica y otros servicios como el de energía eléctrica.MEJZ*