El Gobierno federal lanza nuevo protocolo de búsqueda de desaparecidos y usa reos como informantes; leyes actuales limitan su efectividad legal
Ciudad de México - En respuesta a la persistente crisis de desapariciones que atraviesa el país, el Gobierno federal ha oficializado una actualización al Protocolo Homologado de Búsqueda.
La modificación más relevante para este 2026 es la facultad de integrar a personas con sentencia firme como informantes clave para la localización de víctimas.
Este esquema pretende que reos con condenas vigentes aporten datos fidedignos sobre el paradero de personas a cambio de incentivos legales, una opción que anteriormente solo se contemplaba para quienes enfrentaban procesos abiertos.
Obstáculos legales y delitos excluidos
Pese a la intención del nuevo lineamiento, la implementación de este plan de búsqueda enfrenta barreras jurídicas significativas.
Especialistas y colectivos advierten que la legislación actual prohíbe negociar beneficios procesales en delitos de alto impacto, como el secuestro y la trata de personas.
Fernando Vargas, buscador activo, señaló que, sin una reforma legal de fondo, el uso de informantes sentenciados será limitado, pues las autoridades temen invalidar pruebas o incurrir en violaciones a los derechos humanos durante los interrogatorios.
Nuevas categorías y rastreo en cuerpos de agua
El protocolo 2026 también formaliza la búsqueda en escenarios acuáticos, una práctica que ya se realizaba de manera empírica en canales y presas pero que carecía de un marco normativo.
Ahora, bajo la supervisión de la
Secretaría de Marina, se integrarán drones con cámaras térmicas y equipo de exploración subacuática para rastrear restos en ríos, lagos y zonas marinas.
Además, el modelo elimina el concepto de "persona no localizada" para garantizar que las acciones de rastreo inicien de forma inmediata desde el primer reporte recibido.
MEJZ*
