Ciudad de México - Por primera vez en 2026, repartidores y conductores de plataformas digitales en México podrán acceder al reparto de utilidades, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación laboral vigente.
Este avance responde a una transformación jurídica significativa, que deja atrás el modelo de “socios independientes” para dar paso a un esquema con responsabilidad patronal definida.
La modificación normativa permite que miles de trabajadores obtengan prestaciones laborales antes inexistentes, consolidando un enfoque más incluyente dentro del desarrollo de la economía digital nacional.
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Utilidades repartidores de aplicación
De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente existen más de 700 mil repartidores activos, quienes ahora podrán integrarse a esquemas de seguridad social y beneficios económicos.
Estos trabajadores, anteriormente excluidos de protecciones básicas, comienzan a recibir derechos laborales formales, incluyendo acceso al Seguro Social y participación en las utilidades empresariales.
La legislación reconoce la relación de subordinación y dependencia económica entre los prestadores de servicio y las empresas tecnológicas que operan estas plataformas digitales.
Con estas adecuaciones, el Estado busca evitar que el crecimiento del sector digital se base en la precarización laboral, fortaleciendo el bienestar social en el país.
El año 2026 marca un precedente, al ser la primera ocasión en que estos trabajadores recibirán la participación en las utilidades generadas por las empresas.
La Ley Federal del Trabajo establece que las compañías deberán distribuir una parte de sus ganancias entre quienes operan diariamente los servicios digitales.
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El artículo 122 señala que este pago debe realizarse dentro de los 60 días posteriores al cumplimiento del impuesto anual, garantizando tiempos definidos para su entrega.
Este ingreso adicional representa un alivio económico relevante para miles de familias, al incrementar los recursos disponibles durante el presente periodo.
Para acceder al beneficio, los trabajadores deberán cumplir con los plazos establecidos, los cuales tienen como fecha límite el 29 de mayo.
Las empresas están obligadas a gestionar el pago de manera oportuna, incluso si existen inconformidades o procesos en revisión por parte de los empleados.
Este derecho no solo implica una compensación económica, sino también el reconocimiento formal del trabajo que impulsa el crecimiento de estas plataformas.
Las autoridades laborales mantendrán vigilancia sobre el cumplimiento de esta obligación, con el objetivo de evitar evasiones y garantizar la aplicación de la ley.
El nuevo escenario también representa un desafío para las empresas, que deberán ajustar sus procesos contables a la normativa vigente en materia laboral.
