Ciudad de México - Una juez federal impuso la prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano a Alejandro Vera Jiménez, ex Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en la causa penal en la que le imputan los delitos de delincuencia organizada y lavado de 77.8 millones de pesos por el caso de la Estafa Maestra.
A pedido de la defensa de Vera, Guillermina Matías Garduño, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, acordó duplicar el plazo legal para resolver su situación jurídica, razón por la que será hasta el próximo miércoles cuando determine si lo vincula o no a proceso, informaron fuentes judiciales.
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La juzgadora tomó ambos acuerdos en la audiencia inicial que comenzó ayer a las 22:00 horas y en la que casi de inmediato decretó un receso debido a que los abogados del ex Rector no contaban con todas las constancias ministeriales.
La diligencia se reanudó este sábado a las 5:00 horas y concluyó antes de mediodía.
Vera permanecerá en la cárcel de alta seguridad cuando menos hasta el próximo miércoles y, en caso de que sea procesado, continuará internado durante su procedimiento penal, ya que el delito de delincuencia organizada tiene prevista la prisión en automático.
El ex Rector ganó desde enero de 2024 un amparo en primera instancia que obligaba a resolver nuevamente si debía o no girarse la orden de aprehensión. La FGR impugnó ese fallo ante un tribunal colegiado, sin embargo, éste nunca lo resolvió durante el año y ocho meses siguientes.
La tarde del viernes, la Policía Federal Ministerial de la FGR detuvo a Vera en Cuautla, Morelos, con base en una orden de aprehensión librada el 31 de octubre de 2020 por delincuencia organizada y lavado de dinero.
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Este asunto deriva del convenio de coordinación suscrito el 1 de septiembre de 2014, mediante el que la desaparecida Sedesol pagó a la UAEM un total de 77 millones 847 mil 14.40 pesos para aplicar 6 millones 700 mil encuestas de evaluación a los programas sociales, de las cuales hay evidencia de que sólo se aplicaron el 15 por ciento del total.
Estas encuestas recabarían la opinión de los beneficiarios sobre la atención recibida por el personal de la Secretaría y si fue oportuna la entrega de los apoyos en los estados de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz.
Sin embargo, según la FGR, servidores públicos y “factureros” se organizaron en forma reiterada y permanente para desviar y lavar la totalidad de los recursos pagados por la Sedesol a la casa de estudios.
La imputación señala que la Universidad subcontrató a Grupo Industrial y Servicios Yafed, S.A. de C.V., la cual trianguló 66 millones 170 mil pesos a la empresa Esger Servicios y Construcciones.
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Además, un total de 6 millones de pesos se transfirió a Inmobiliaria Feyray, empresa de la que era representante legal Valenciano, y que en 2017 apareció en la lista de “factureras” que publica la Secretaría de Hacienda.