León, Guanajuato. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, acusó al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, de tener a la ciudad como rehén, luego de las trabas que está poniendo para que los policías municipales puedan fungir como primer respondiente y tomar las denuncias ciudadanas.
Tras las declaraciones que hiciera Zamarripa Aguirre en días pasados respecto a la posibilidad de que los elementos de seguridad atiendan las denuncias ciudadanas para integrar carpetas de investigación, el fiscal general dijo que primero capacitarían a los analistas, por lo que Sánchz Castellanos calificó como un juego lo que está haciendo el fiscal con la autoridad local.
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“Un día dice una cosa y luego otro día dice otra. En el consejo decía que quería policías capacitados con suficientes conocimientos, me sorprendió que ahora diga que primero los analistas; pareciera que la intención es retrasarlo y ponerle trabas al asunto, a mí me preocupa que toda una ciudad sea rehén de un servidor público”, acusó el presidente del CCEL.
Por ello, llamó al Fiscal a dejar de entorpecer los procedimientos que beneficiarán la denuncia y evitar sacar temas y ocurrencias de un día para otro.
“Debería facilitar las cosas en lugar de estarlas retrasando porque esa es la imagen que causa lamentablemente (…) nos desconcierta porque no sabemos si hay voluntad de apoyar a León o no”, expresó.
Fobia contra Zamarripa
Tras las declaraciones que hiciera el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de fobias hacia la persona de Zamarripa Aguirre por parte del líder empresarial, este a su vez respondió que, si de eso se tratara, no es el único que ha mostrado su inconformidad por el trabajo del Fiscal General.
“Si hablamos de fobias tendríamos que hablar de la gran mayoría, de todo el pueblo de Guanajuato hacia Zamarripa”, dijo.
Sánchez Castellos precisó que lo único que buscan de la autoridad es que Zamarripa Aguirre entregue resultados positivos en favor de la ciudadanía, como un servidor público más que el pueblo está pagando.