Representantes de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) con apoyo de la organización Fuerza Nacional se plantaron en palacio de gobierno y la Secretaría de Finanzas y Adminsitración ante el escaso avance a sus demandas.
Nicolás Pérez, dirigente de los centros de rehabilitación, exigió ser escuchados personalmente por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para conocer de sus peticiones. Entre ellas, la renuncia de Rosa Elda Villalobos Ugalde, directora de Salud Mental de la Secretaria de Salud y comisionada en las mesas de negociación integradas para atenderles
En el entorno de las oficinas gubernamentales se dispuso de un operativo con elementos de la Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) para contener a los manfiestantes que se ubicaron tanto en palacio de gobierno, como en el exterior y patio de ingreso de la Secretaría de Finanzas y Adminsitración. Incluso, a lo largo de la mañana se registraron algunos enfrentamientos entre manifestantes y elementos.
Los empleados del gobierno, no pudieron ingresar a sus oficinas a iniciar su jornada laboral.
Por la tarde fueron atentidos por la Secretaría de Gobierno, Libia Denisse Muñoz Ledo, pero no se llegó a ningún acuerdo, por lo que mantendrán el plantón.
Los manifestantes llegaron alrededor las cinco de la mañana del lunes y advirtieron que hasta no ser atendidos personalmente por el gobernador retirarán el plantón.
“El señor debe sentarse con nosotros para que se empape del tema, en muchas declaraciones que da el señor dice que va acabar con la corrupción, que va acabar con la violencia, jamás lo va hacer si no toca este tema”
A decir de Nicolás Pérez el gobernador no quiere escucharlo directamente
Pese a que salieron a atenderles los “asesores” se negaron a dialogar con ellos, dado que son los mismos que les han atendido en otras ocasiones y no han resuelto nada, señaló Nicolás Pérez.
“Nosotros queremos que nos ayuden para poder ayudar”, expuso el representantes de la unión de centros de rehabilitación conformada por al menos 100.
A raíz de los ataques armados contra internos de los también conocidos como anexos, autoridades municipales y de salud comenzaron a clausurar estos espacios por lo que en diversas manifestaciones han solicitado apoyo. Incluso, se conformaron mesas de trabajo para atenderles. Que a decir de su dirigente, no han llevado a ningún beneficio para ellos.
Las demandas iniciales iban desde facilitades para la entrega de licencias de Uso de Suelo, las factibilidades para su operación, apoyos para la Certificación de los consejeros en adicciones, así como capacitación. Además, del financiamiento para soportor el servicio que se ofrece a las personas adictas.
“Nosotros somos personas que trabajamos con gente de la calle, somos personas que a la ahora de que (nos) solicitan un trámite nos cuesta, como el Plan de Contingenias que nos sale en 17 mil pesos… el gobierno nos pide …pero no nos apoya, entonces son muchos temas los que traemos con el señor gobernador”.
A eso se sumó la exigencia de renuncia de Rosa Elda Villalobos, comisionada en la mesa de diálogo.
“Ella la verdad, ya no nos está apoyando. Nosotros tuvimos que pagar cuando COFEPRIS, solicitó la certificación como Consejeros de adicciones, se pidió apoyo y les dijeron que no hay presupuesto”. Ante la respuesta, afirmó Nicolás Pérez, los consejeros tuvieron que “sacar de su bolsillo” 16 mil pesos para obtener la certificación
Los logros hasta el momento han sido la entrega de tres licencias de Uso de Suelo y 8 factibilidades, trámites de carácter municipal.
Con información de Ramón Caballero.