Por: Jesús Salazar
Guanajuato - En los primeros siete meses de 2023 se han registrado 337 agresiones del crimen organizado contra personas vinculadas a la política o el servicio público, de acuerdo con el reporte Votar Entre Balas, de la organización Data Cívica.
El estado que más casos de violencia ha reportado es Guanajuato, con 47; seguido de Guerrero, con 39; y Veracruz, con 27.
De todos los hechos violentos que registra la base (asesinatos, amenazas, ataques armados, atentados, desapariciones y secuestros), 218 han sido asesinatos, es decir, el 64.7 %.
Este monitoreo de la organización Data Cívica encuentra un 46.5 % más agresiones que en el mismo periodo de 2022, la mayoría han sido contra funcionarios públicos de áreas de Seguridad.
Tan solo en julio se registraron 38 eventos, el 84 % contra hombres, expone el reporte mensual Votar entre Balas: Entendiendo la violencia criminal-electoral en México publicado este lunes.
Aunque 2022 es por ahora el año más violento de los últimos cinco, de seguir esta tendencia, el actual superaría a los anteriores.
En análisis previos se ha detectado que la violencia contra candidatos y candidatas y sus colaboradores ocurre sobre todo cuando hay elecciones municipales, lo cual sucederá en 2024, en un proceso electoral que será el más grande de la historia y que está por iniciar formalmente en las próximas semanas.
Atacan más a autoridades de seguridad
En contraste, la gran mayoría de hechos de violencia criminal-electoral de este año han sido contra funcionarios, principalmente del área de seguridad, una tendencia que ha ido en aumento.
“En 2018, solo el 2 % de los eventos registrados fueron ataques a autoridades de seguridad fuera de enfrentamientos, pero en 2022 este tipo de eventos aumentaron hasta representar el 50 % de todos los eventos. Hasta ahora, en 2023 el 58 % de los eventos registrados han sido ataques a autoridades de seguridad. En julio de este año se reportaron 24 eventos violentos en contra de autoridades de seguridad pública (63 % del total de los eventos del mes)”, señala el boletín de julio.
Un caso emblemático fue el secuestro en junio pasado de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SPySC) de Chiapas.
Un grupo armado interceptó un camión donde iban 33 personas, dejó ir a las mujeres y retuvo a los hombres, y días después publicó un video donde pedían, a cambio de su liberación, la destitución de varios altos mandos policiacos. Es decir, un claro ejemplo de criminales intentando intervenir en política.
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