El Sistema de Agua potable y Alcantarillado de León (SAPAL) tomó posesión de las instalaciones de la planta tratadora de aguas residuales y el módulo de desbaste al cumplirse el plazo que daba por terminada la concesión a la empresa Ecosys III, relación que se prologó por 20 años.
Habían pasado 10 horas desde que el pleno del Ayuntamiento autorizó a la paramunicipal para recuperar las instalaciones. La empresa recibía del municipio 200 millones de pesos al año por el tratamiento de las aguas residuales, pero desde el punto de vista de las autoridades el servicio que ofrecían ya no era el que la ciudad merecía.
El Municipio hizo uso de la Fuerza Pública y su personal abrió los candados con un soplete para tomar las instalaciones. Por un lado se encontraban trabajadores de SAPAL, Contraloría y policías municipales; del otro lado, empleados de Ecosys III encabezados por el representante legal de la empresa, José Gabriel Camarena Morales.
Durante varios minutos Camarena Morales sostuvo que SAPAL no contaba con una resolución judicial que obligara a la entrega de la planta tratadora.
“Nosotros pensamos que va a ser un acto de autoridad arbitrario, ilegal y que no tiene el suficiente sustento jurídico para tomar y violar un contrato de obra pública, un contrato de prestación de servicios, un contrato de concesión y un contrato de comodato”, dijo.
Aseguró que entregarían las instalaciones solo si SAPAL presentaba una resolución judicial en donde expresara la extinción del comodato.
También Camarena Morales argumentó que por seguridad de los propios trabajadores que se encontraban en ese momento no iban a oponer resistencia si la paramunicipal deseaba usar la fuerza pública; pero dejaban la responsabilidad en las autoridades e instancias judiciales correspondientes.
El representante legal tenía en la mano el título de concesión original, pero que extinguía en pocos minutos y así se lo hizo ver Plinio Martínez del equipo jurídico de SAPAL.
Según el abogado de la empresa, desde hacía un año habían solicitado la revisión de la concesión ya que cien familias dependían de este trabajo.
La respuesta del personal de la administración municipal fue que desde hacía seis meses iniciaron un proceso en donde entregaron inventario y otros componentes para poder asumir la administración de la planta.
Incluso sostuvieron que en el acta del mes de febrero los directivos de la misma empresa estaban dispuestos a adelantar la fecha de entrega de las instalaciones.
La contestación del representante legal fue que a la planta tratadora entraba agua de “pésima calidad” (sic), con cromo y cal, y que se complicó aún más a partir del 2016 con las descargas de aguas industriales y que contaba con los análisis de laboratorio para demostrarlo.
Plinio Martínez reviró que el contrato no establecía las condiciones en las que debería estar el agua por la cual se quejaron hasta 20 años después y remató diciendo que hay actas del año 2015 en donde se reconoce que la empresa no estaba dando el mantenimiento adecuado.
En esta discusión se enfrascaron cuando el reloj marcó pasada la media noche: la concesión había vencido y SAPAL inició con los procedimientos para tomar las instalaciones, maquinaria y equipo de la planta y el módulo de desbaste.
El representante legal manifestó que existe ante la Sala Regional Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la demanda de nulidad y pago de prestaciones contra SAPAL con el expediente 2569/19.
También existe en dicho juicio la solicitud de medidas cautelares para guardar el estado actual de las dos plantas en favor de la empresa hasta que el Tribunal Federal decida otra cosa.
La empresa cuenta con 100 trabajadores, algunos ya habían recibido un finiquito previamente por parte de la empresa.
Tras tomar el control, la paramunicipal cerró filas y todas las declaraciones, incluso la del alcalde Héctor López Santillana, se dieron por cuentas de redes sociales.
El presidente de SAPAL, Jorge Ramírez, expresó a través de Twitter que después de 20 años concesión del tratamiento de las aguas residuales, SAPAL tomaba la operación de la planta.
El alcalde anuncia inversión de mil 500 millones de pesos
El alcalde de León expresó lo mismo pero en cinco tuits, el último de ellos mencionó la inversión de mil 500 millones de pesos.
“Con esta importante acción, lograremos darle una segunda vida al treinta por ciento del agua que utilizamos en @municipio-leon para ser utilizada por los sectores agrícola, industrial, comercial y de servicios”.
“Contamos con el equipo de trabajo y recursos para hacer bien la chamba #PorUnAguaResponsable”, fue otro de sus mensajes.
Por su parte la contraloría emitió un boletín en donde señalan que trabajarán en conjunto con SAPAL en el proceso de entrega-recepción.
“Como parte de dicho proceso, personal de la Contraloría llevó a cabo una serie de revisiones en todas las áreas del inmueble y será a través de estas mismas donde se determinará el estado en el que la planta fue entregada por el concesionario”.
“En caso de encontrar algún daño o pérdida intencional, se remitirá a las autoridades correspondientes”, expresaron en el texto.
SAPAL, también por medio de un comunicado, anunció que hay un proyecto de saneamiento integral para optimizar el tratamiento de aguas residuales en León en los próximos meses.
“Con visión de futuro, el objetivo sería que antes del 2023, SAPAL estaría en condiciones de reusar el 30 por ciento del agua que actualmente extrae para dotar del servicio al municipio”.
MEJZ*