León cuenta con al menos 154 asentamientos irregulares, algunos con más de 20 años de vida, y hasta el momento las autoridades municipales, estatales y federales no han solucionado este problema social, aseguró el Observatorio Ciudadano de León (OCL).
Durante la mesa de análisis realizada este martes por el OCL, Jesús Luis Vega Castillo, notario público 104, consideró que de destinarse el recurso económico que se emplea para las campañas electorales y los programas de dádivas, podría darse acceso a las familias de escasos recursos a viviendas dignas y con ello evitar la propagación de asentamientos irregulares.
Para los partidos políticos que son gobierno, dijo, es más rentable entregar becas, prometer acciones de desarrollo a las familias de escasos recursos durante sus campañas políticas en lugar de invertir en llevar servicios básicos como agua y electricidad a las zonas irregulares.
“Las administraciones prefieren destinar recursos en obras que beneficien a los políticos. Llevar agua a zonas irregulares de la zona de Las Joyas cuesta mucho menos que una campaña política”, precisó.
Por ello, llamó a la próxima administración a ser disruptivos, a romper el orden y dejar de hacer lo que hasta ahorita se ha estado llevando y no ha funcionado.
Burocracia, sobre regulación y aplicación de la ley
En su intervención, José Lomelí Origel, notario público no.19, dijo que la burocracia y la sobrerregulación son las principales causas de la propagación de los asentamientos irregulares.
Destacó además la falta de aplicación de la ley contra los promotores de fraccionamientos irregulares, pues a pesar que de que Código Penal del estado de Guanajuato en su artículo 262 castiga a quienes promuevan asentamientos irregulares de tres a nueve años de prisión y de 100 a mil días de multa, a la fecha no ha procedido ninguna demanda.
“Es importante la creación de una procuraduría social en materia de fraccionamientos en donde le den acompañamiento a las personas que quieran propiciar un fraccionamiento y les digan el cómo sí”, indicó.
Por tal razón llamó a las autoridades de seguridad para sumarse a un trabajo coordinado para meter a la cárcel a los desarrolladores irregulares.
Encarecimiento de la tierra
Por su parte, el abogado priista y exdirector de gobierno de la Secretaría de Ayuntamiento, Denny Méndez Pérez, destacó que el encarecimiento de la tierra ha propiciado la propagación de asentamientos irregulares.
Esto porque los desarrolladores se ven rebasados en burocracia, trámites innecesarios y con ello el encarecimiento de la tierra, lo que no les permite entregar vivienda de precio accesible a las personas con más rezago económico.
“El conflicto se da porque las personas de bajos recursos para acceder a esas viviendas tienen que acceder a ese tipo de fraccionamientos”, lamentó.
Durante la mesa de análisis del OCL llegaron a la conclusión de que será necesario trabajar transversalmente desde las distintas instancias de gobierno local y estatal, para permitir a los desarrolladores de vivienda la posibilidad de brindar vivienda digna y accesible a las personas de escasos recursos.
"Imuvi no debe meterse a construir"
Y a su vez, el Instituto Municipal de Vivienda en León, (Imuvi) insistieron en que se deben focalizar las acciones en establecer esquemas que propicien la regulación de los 154 asentamientos irregulares que actualmente hay en la ciudad, y no perder el tiempo en construir vivienda porque simplemente no es su razón de ser.
Por ello es necesario, coincidieron, en que el gobierno local debe permitir a los desarrolladores la posibilidad de brindar vivienda accesible a todos los ciudadanos.
https://www.facebook.com/OCL.mx/videos/752894268716475
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